En un operativo conjunto desarrollado este miércoles, agentes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) allanaron tres depósitos de gran tamaño utilizados, presuntamente, para el acopio y contrabando de residuos reciclables con destino a Brasil.
La acción tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, epicentro de actividades ilícitas ligadas al tráfico de desechos.
La intervención fue encabezada por la Fiscal Katia Uemura y se enmarca en una investigación sobre una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de residuos sólidos, especialmente plásticos, que eran almacenados sin cumplir con los requisitos ambientales ni tributarios establecidos por la normativa nacional.
Aunque aún no se ha precisado el volumen exacto de los materiales incautados, las autoridades informaron que se trata de una cantidad considerable de desechos plásticos y otros residuos con valor comercial, cuya salida del país se realizaba de forma clandestina, burlando los controles en la frontera seca que une Paraguay con Brasil.
De acuerdo con los datos recabados, la red venía operando desde hacía varias semanas, simulando actividades de reciclaje para encubrir una práctica sistemática de evasión fiscal y daño ambiental. El operativo se produce en un contexto particularmente significativo: este jueves, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley que regula el comercio de residuos reciclables, especialmente los metales ferrosos, no ferrosos y plásticos PET. La legislación apunta a establecer un marco legal claro para garantizar que estas actividades se desarrollen bajo parámetros de sostenibilidad, control y trazabilidad.
Desde la comisión técnica que acompañó la elaboración del proyecto, se subrayó que la nueva normativa busca formalizar el sector del reciclaje, prevenir delitos ambientales y evitar el uso del reciclaje como fachada para el contrabando.
