El abogado Enri Guerrero, representante legal de los afectados, brindó declaraciones a PDS Radio tras la reciente intervención de una parcela agrícola en el Departamento de Canindeyú, donde se investiga la producción ilegal de semillas híbridas de maíz.
La acción fue realizada por el Ministerio Público con el acompañamiento técnico del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
Guerrero explicó que el grupo de personas al que representa formuló una denuncia ante la Unidad Especializada en Delitos contra el Medioambiente del Ministerio Público, tras recibir información sobre una parcela donde se estarían realizando manipulaciones genéticas ilegales. “Se trata del cruzamiento de dos variedades de maíz debidamente registradas y patentadas, con el fin de obtener una tercera variedad híbrida no certificada ni evaluada técnicamente”, indicó.
Según el abogado, estas prácticas violan la Ley N.º 284/93 de Semillas y la Ley N.º 716/96 que sanciona delitos ambientales. La manipulación sin control técnico ni aprobación oficial puede generar riesgos tanto para el medioambiente como para la salud humana. “No se puede asegurar que estas nuevas semillas sean inofensivas. Su uso y propagación podrían traer consecuencias impredecibles”, advirtió.
La intervención, que tuvo lugar en una parcela de aproximadamente 49 hectáreas, reveló un volumen considerable de producción ilegal. En este contexto, Guerrero detalló que la prioridad de las autoridades es impedir la comercialización o circulación de estas semillas y proceder a su destrucción. “Lo que se busca es eliminar la práctica, evitar que estos granos lleguen a otros productores o ingresen al circuito comercial”, afirmó.
El operativo fue encabezado por el fiscal especializado en delitos ambientales Ramón Ferreira, de la Unidad Penal de Saltos del Guairá y contó con la orden judicial emitida por la juez penal de garantías Hilda Acosta, con sede en la ciudad de Catueté.
El abogado también hizo un llamado a la concienciación sobre los riesgos de estas prácticas en el sector productivo. “Es fundamental que los productores comprendan la gravedad de manipular genéticamente semillas sin contar con la autorización ni los estudios correspondientes. El resultado podría ser perjudicial para la salud pública y el ecosistema”, remarcó.
El caso se encuentra actualmente bajo investigación y tanto el Ministerio Público como el SENAVE avanzan en el análisis técnico y jurídico de los elementos recabados. Los productores de la zona y otras entidades del sector aguardan una respuesta firme de las autoridades para frenar estas prácticas que amenazan la integridad del sistema agroproductivo nacional.
