Hay temas más urgentes que debatir sobre un examen para abogados, refiere abogada

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María Victoria Rivas en entrevista para PDS Radio y TV Digital habló sobre la nota presentada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) ante la Corte Suprema de Justicia, refirió que se debe debatir un cambio general en el Código de Organización Judicial ya que la misma data de 1981. “El examen a abogados es un aspecto muy sencillo del tema, hay un montón de elementos que hay que debatir más profundamente”. Generará una tensión innecesaria entre la Corte y los abogados, perdiéndose la oportunidad de debatir sobre cuáles son los problemas reales en el ejercicio del derecho, señaló.

Menciona que valoran el esfuerzo de la Corte de mejorar ciertas condiciones en la justicia, pero que todo el esfuerzo institucional para modificar sólo dos artículos del Código de Organización Judicial será un desgaste ya que los gremios de abogados no ceden. 

Desde el CEJ, dicen que ya que se abrirá una mesa, solicitan a la Corte que amplíe los puntos para debatir los seis puntos que solicitaron en la nota, se debe analizar la competencia de la CSJ, la ley de carrera judicial, cambiar las competencias de algunos juzgados, trabajar funciones de los Tribunales de Cuentas, muchos aspectos que entorpecen el funcionamiento del Poder Judicial que son más urgentes.

Con respecto al examen de conocimientos para acceder a la matrícula de abogados, dijo que  tomar de forma aislada, sin tener en cuenta factores de regulación del funcionamiento de ciertas estructuras o profesiones aumentará la tensión entre los gremios de abogados,  el Consejo de Magistratura y la CSJ.

Agregó que tomar el examen de abogados para tratar de regular el funcionamiento de lo que significa el ejercicio de la abogacía es un aspecto muy simplista y genera muchas tensiones en el Poder Judicial.

“No estoy de acuerdo con esas dos modificaciones aisladas,  se debe generar un debate sobre una ley de colegiatura obligatoria para abogados”.

Expresó que el ejercicio de la abogacía implica un montón de factores que no solo hacen relación a su capacidad, hay aspectos relacionados a la ética, al conocimiento, a la función social del abogado, donde ejerce su papel, el componente social que ejercen, el acceso a justicia, entre otros.

El cambio implica hacer un análisis más profundo sobre cuáles son los problemas reales que genera el ejercicio de la abogacía en las funciones naturales del Poder Judicial que es la justicia y la resolución del conflicto, acotó.

  Comentó que en otros países la profesión del abogado se autorregula a través de los Colegios que son los organismos encargados del otorgamiento de la matrícula que les habilita a ser abogados litigantes además comprende posibilidades de sanciones éticas, la función social del abogado, etc.

El examen es apenas una herramienta, un elemento de una serie de acciones que hay que debatir con los Colegios de Abogados, sentenció. 

Consultada sobre la reunión de la víspera, dijo que fue solo para representantes, pero que el tema del examen no es solo para los gremios, es una función social, la sociedad paraguaya tiene que analizar sobre cuáles son los aspectos que les preocupa sobre el ejercicio de la profesión de abogado.

Con respecto a la evaluación de los jueces, dijo que la ley de carrera judicial incorpora indicadores de evaluación de desempeño, la medición para controlar el funcionamiento de los jueces y en base a eso la capacitación, van de la mano evaluación y capacitación. 

Se hace en un contexto general de carrera judicial, no así aisladamente como lo hará el Consejo de la Magistratura que tomará los exámenes cada cinco o cuatro años jueces que genera toda una tensión, añadió.

“Se necesita un ambiente de pacificación para que se avance en propuestas de cambios reales y no parches que conducen a nada.”

Consultada sobre una mejor relación de la Corte Suprema con la sociedad, expresó que se refieren a la comunicación, específicamente a una tensión muy fuerte entre la máxima instancia y la ciudadanía. 

Se deben generar mecanismos permanentes para que la ciudadanía tenga más conocimiento sobre el funcionamiento y la relación con las autoridades judiciales va a generar mayor confianza siendo fundamental al Estado de Derecho.

Se debe debatir cómo la CSJ puede acercarse a la sociedad civil e incorporar en sus planes de mejoramiento.