La fiscal de delitos ambientales de Alto Paraná Zunilda Ocampos formuló imputación contra dos personas de 50 y 19 años de edad por la presunta comisión de los delitos de contaminación del aire, maltrato del suelo y procesamiento ilícito de desechos, además de eludir las obligaciones legales vinculadas a la mitigación del impacto ambiental.
De acuerdo con los antecedentes, los imputados serían responsables de acopiar y procesar cubiertas en desuso mediante pirólisis sin contar con autorización ni medidas de seguridad, en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Internacional PY07, Km 231, zona industrial Campos Tacurú, de Hernandarias. Las labores ilegales habrían generado un daño ambiental de magnitud, afectando tanto al entorno natural como a la salud de las personas que habitan en las inmediaciones.
Durante el allanamiento realizado en cumplimiento del A.I. N.º 1842, una comitiva encabezada por la fiscal constató que en el sitio se erigía un tinglado de gran envergadura con dos hornos o reactores de pirólisis, uno de ellos en funcionamiento, sin sistema de chimeneas ni control de emisiones. La fiscalía verificó la presencia de cubiertas enteras y cortadas, residuos en bolsas Big Bag, polvo de carbón y aceite derramado, todo almacenado a cielo abierto, lo que generaba emisión de humo tóxico, contaminación del suelo y riesgos a la salud pública.
El informe técnico ambiental incorporado a la carpeta fiscal indica que la pirólisis de cubiertas sin control ni tratamiento de gases provoca emisiones altamente contaminantes, incluyendo partículas de hollín y compuestos volátiles dañinos. Estas condiciones afectan directamente el aire, el suelo y las fuentes de agua cercanas, generando un riesgo severo para la población trabajadora, los vecinos y el ecosistema local.
A raíz de las constataciones, la fiscal Ocampos dispuso el cese inmediato de las actividades del establecimiento y el aseguramiento de las evidencias. Además, ordenó la detención preventiva de los investigados, considerando que existe riesgo de fuga y posibilidad de obstaculización de la investigación, mediante la alteración de pruebas o la influencia sobre testigos y peritos.
La imputación se sustenta en elementos de convicción suficientes que permiten acreditar tanto la existencia del hecho punible como la probable participación de los acusados. En ese sentido, la representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar.
Asimismo, el Ministerio Público comunicó el inicio formal de la investigación, solicitando un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria, durante la cual se prevé la realización de nuevas inspecciones técnicas, declaraciones testificales y estudios periciales que permitan cuantificar el daño ambiental ocasionado.
La fiscal recordó que la protección del ambiente es un deber constitucional y reafirmó el compromiso del Ministerio Público en la persecución penal de los delitos ecológicos, enfatizando que la actividad industrial sin control ni licencia constituye una grave amenaza al bienestar colectivo y al equilibrio ambiental.
