La abogada Solange Guerreño presentó una nota formal ante el Consejo de la Magistratura para impugnar la terna en la que fue incluida la fiscal del fuero laboral Gilda Stanley, quien se encuentra en proceso de confirmación en el cargo. El escrito también fue remitido, en copia, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a la Corte Suprema de Justicia.
En su presentación, Guerreño cuestiona la idoneidad de la agente fiscal para continuar ejerciendo la función, al sostener que existen denuncias penales y actuaciones administrativas que, a su criterio, comprometerían los estándares éticos exigidos a quienes representan al Ministerio Público. La abogada afirma que tales antecedentes pondrían en duda la templanza funcional, la objetividad institucional y la idoneidad ética necesarias para el ejercicio del cargo fiscal.
Según lo expuesto en la nota, existiría una utilización del poder institucional que detenta la fiscal Stanley para influir o condicionar procesos tanto dentro del Ministerio Público como en el ámbito judicial, en causas en las que estaría directa o indirectamente involucrada. De acuerdo con la presentación, esta situación generaría una “asimetría procesal grave”, incompatible con los principios de igualdad ante la ley y con los estándares que rigen la función fiscal.
La abogada sostiene, además, que se evidenciaría un patrón de conducta reiterado que afectaría la credibilidad del Ministerio Público y la confianza de la ciudadanía en la institución, lo que, según argumenta, repercutiría en la legitimidad de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura.
Entre los antecedentes mencionados, Guerreño alude a la existencia de denuncias por presunta violencia familiar, otra por supuesta violación del deber del cuidado o educación, así como a un sumario administrativo de control lineal iniciado por la Fiscalía General del Estado, entre otras actuaciones que, según indica, deberían ser consideradas en el proceso de evaluación.
Asimismo, en el escrito se señala que las denuncias promovidas por la propia agente del Ministerio Público, una vez iniciado un conflicto personal, habrían avanzado con celeridad, derivando en imputaciones y actos procesales inmediatos, aun tratándose, según la abogada, de hechos controvertidos. En contrapartida, las causas iniciadas en contra de la fiscal permanecerían sin un impulso procesal efectivo, pese a la existencia de pruebas ofrecidas, lo que, de acuerdo con la presentación, evidenciaría un trato desigual incompatible con los principios que rigen el sistema de justicia.
La nota solicita que estos elementos sean evaluados por las instituciones competentes en el marco del proceso de conformación y eventual confirmación de la terna, a fin de garantizar transparencia, imparcialidad y apego a los estándares éticos en la selección de fiscales.
