El Consejo de la Magistratura emitió un comunicado institucional en el que afirmó que las irregularidades detectadas en certificados académicos presentados por postulantes a cargos del sistema de justicia fueron descubiertas a partir de sus propios mecanismos de control, verificación y participación ciudadana.
La institución sostuvo que las inconsistencias surgieron gracias a la publicidad de los concursos, las observaciones formuladas por la ciudadanía y los controles técnicos efectuados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de una investigación interna desarrollada por una comisión especial conformada por áreas técnicas y jurídicas.
Según el pronunciamiento oficial, una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes a la Unidad Penal Nº 17, a cargo del fiscal Leonardi Guerrero, quien formuló imputación por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso.
La causa involucra a postulantes a concursos para cargos judiciales y a funcionarios presuntamente vinculados con la recepción y carga de la documentación observada.
Entre los procesados se encuentran la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Irala, al asistente fiscal de Coronel Oviedo Fredy Rolón, el exmagistrado Mario Brítez y una actual juez penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta. Asimismo, fue imputado como cómplice un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, mientras que un funcionario de la Escuela Judicial fue señalado como presunto instigador.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los investigados habrían utilizado copias adulteradas de certificados académicos, constancias de formación continua y documentos de especialización con el propósito de obtener mayores puntajes en los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura y así mejorar sus posibilidades de integrar ternas para los cargos de jueces, fiscales y defensores públicos.
Uno de los documentos cuestionados sería un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal expedido por la Universidad Privada del Este, originalmente otorgado a otra profesional y posteriormente modificado con los datos personales de distintos postulantes.
El Consejo de la Magistratura destacó que, en paralelo a la denuncia penal, adoptó medidas administrativas inmediatas, entre ellas la apertura de sumarios, la separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones para reforzar los sistemas de validación académica y seguridad informática.
La institución subrayó que los hechos investigados responden a responsabilidades individuales y no a una falla estructural del sistema, sino que, por el contrario, fueron detectados gracias al funcionamiento de los controles internos y a la apertura de los procesos de selección a la observación pública.
En su informe trimestral correspondiente al ejercicio 2025, el Consejo ya había reportado la implementación de una “reingeniería de datos y verificación de documentos”, orientada a detectar inconsistencias y posibles adulteraciones en los certificados académicos presentados por los concursantes.
La causa se encuentra en una etapa inicial y será el proceso judicial el que determine si existen elementos suficientes para sostener las responsabilidades penales atribuidas. Mientras tanto, tanto los postulantes como los funcionarios mencionados conservan su derecho a la presunción de inocencia.
