Imputado que se encontraba prófugo volvió a escapar de un juzgado en Lambaré

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Isidro Sotelo Baruja

Isidro Sotelo Barúa alias «Karumbe», imputado por el delito de violencia familiar, protagonizó una nueva fuga tras presentarse voluntariamente ante el Juzgado de Lambaré. Sotelo Barúa, quien se encontraba prófugo desde que se dictó su orden de captura el 23 de diciembre del 2025, se había presentado inicialmente ante la justicia el 06 de enero, solicitando la fijación de fecha para su audiencia.

El 07 de enero se llevó a cabo la audiencia, durante la cual el juez Rodrigo Duré resolvió levantar la rebeldía de Sotelo Barúa y decretar su prisión preventiva por un período de 15 días en una comisaría, previo a su traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Sin embargo, tras la conclusión de la diligencia judicial, Sotelo Barúa, quien se encontraba en la sala de espera sin la debida custodia policial, logró evadir nuevamente a las autoridades.

El juez Duré había procedido a levantar la rebeldía y a dictar la prisión preventiva. No obstante, cuando se disponían a notificar formalmente a Sotelo Barúa sobre la orden de prisión, las autoridades judiciales se percataron de su ausencia.

La abogada querellante, Luz Delvalle, solicitó formalmente al juez de garantías que se decrete una nueva orden de captura contra Sotelo Barúa, sumado a una declaración por desacato a la orden judicial previamente emitida. La solicitud se fundamentada en la gravedad de la situación y en la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado ante la justicia.

La imputación contra Sotelo Barúa, presentada por el agente fiscal Eugenio Ocampos, se basa en una denuncia de violencia familiar. La denuncia detalla que el imputado habría sometido a su expareja a un patrón de maltrato que incluye agresiones verbales, humillaciones, expresiones degradantes y agresiones físicas de manera reiterada.

Hasta el momento se desconoce si el juzgado emitió nuevamente una orden de captura contra el imputado; la fuga del mismo ha generado preocupación y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en las dependencias judiciales.