La agente fiscal Sophia Galeano formuló imputación contra la abogada Gilda Lucía Bordón Roux, Elvira Bordón Martínez, Mouriel Vera Sanabria, María Monserrat Vera y Ema Nilza Turo Martínez por los hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Están sospechadas de formar parte de un esquema a través del cual lograron despojar al ciudadano español residente en nuestro país, Mariano Sopeña de su domicilio ubicado en Luque.
El acta de imputación señala que la abogada Gilda Lucía Bordón Roux, quien sería propietaria del Estudio Jurídico BRS y Asociados, habría establecido y creado una estructura dispuesta a realizar hechos punibles, patrocinando financieramente al esquema organizado con la finalidad de despojar a Mariano Sopeña de su inmueble.
En ese contexto, el Ministerio Público tiene la sospecha de que Bordón Roux, habría contratado como empleada de su estudio jurídico a la señora María Monserrat Vera, hermana de la actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral Primer Turno Secretaría N°1 para contactar por intermedio de la misma con la actuaria Mouriel Vera y así obtener el mandamiento presumiblemente adulterado con el cual se materializó el despojo de la propiedad del señor Mariano Sopeña, como también la transferencia de la propiedad a la señora Ema Turo Martínez.
La mencionada transferencia se habría hecho con el pago del impuesto inmobiliario al día según se puede notar en la transferencia judicial del inmueble otorgada por la jueza de Paz de la Catedral en representación de Formasa S.A. a favor de Ema Turo.
En el allanamiento efectuado en el estudio jurídico BRS y Asociados, fueron incautados dos talonarios de cheques del banco Atlas cuya titular es la señora Gilda Lucía Bordón donde se puede notar que el cheque librado el 18 de agosto de 2021, sería el mismo con el que abonó el impuesto inmobiliario del inmueble en cuestión, también se cuenta con el talonario de cheque incautado en dónde consta el concepto de “regalías juzgado de paz”.
En lo que respecta la imputada Elvira Bordón Martínez, la misma habría creado el expediente sobre obligación de hacer escritura pública caratulado “reconstitución del expediente Ema Nilza Turo contra Formasa S.A. sobre obligación de hacer escritura pública” expediente con el que se habría obtenido y presumiblemente adulterado la Sentencia Definitiva dónde se ordena la transferencia del inmueble de Mariano Sopeña a favor de Ema Nilza Turo Martínez.
Asimismo tendría el mismo formato del proyecto de sentencia incautado del maletín de Monserrat Vera y con ella habría participado en la materialización de la transferencia presumiblemente ilegal de la Sentencia Definitiva del 14 de enero de 2021, que no figuraría en el Juzgado de Paz de la Catedral ni en Estadística Civil según consta en el informe remitido por la jueza interina del Juzgado de Paz de la Catedral abogada Natalia Garcete.
En cuanto a la imputada Mouriel Verá, conforme a las documentaciones incautadas, habría certificado falsamente un hecho de relevancia jurídica, es decir el mencionado mandamiento de desalojo con el cual se logró despojar de su propiedad a Sopeña, así también se presume la existencia tanto física como electrónica del expediente en cuestión surgiendo de esta manera la sospecha de que el citado mandamiento no habría sido firmado por la jueza Fátima de López y que habría certificado falsamente el mismo, prestando de esta manera servicios para la asociación criminal creada por la abogada Gilda Bordón.
Sobre la participación de Monserrat Vera, se presume que sería el nexo entre la abogada Gilda y Mouriel para así lograr el despojo de la propiedad del ciudadano español.
En lo que guarda relación con la imputada Ema Nilza Turo, sería la persona que se presentó ante el Juzgado de Paz de la Catedral, reclamando una obligación de hacer escritura pública por una supuesta venta del citado inmueble por valor de G. 15.000.000, a raíz de dicho reclamo se presume que Turo obtuvo la transferencia del inmueble presumiblemente adulterado y con el pago del impuesto inmobiliario al día financiado por Gilda Lucía Bordón.
Turo habría iniciado el desalojo y contratado al Oficial de Justicia Jorge Thomson para la ejecución del procedimiento en el inmueble de Mariano Sopeña, con mandamiento presumiblemente con firma adulterada según consta en los informes.
“Tras la exposición de los fundamentos esenciales se puede observar a priori que se hallan reunidos suficientes elementos de sospecha que permiten suponer la participación de las personas citadas más arriba en la comisión de los hechos punibles también mencionados con antelación”, señala el acta de imputación de la fiscal Sophia Galeano.
