El Ministerio Público presentó imputación contra Arnoldo Wiens Dürksen en el marco de la causa por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de la investigación por la fallida obra del Metrobús. El documento expone que la imputación se formula tras la recopilación de elementos de sospecha obtenidos durante la investigación, los cuales describen decisiones administrativas adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Según el relato fiscal, el origen del caso se remonta a una denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución del programa de reconversión urbana y del sistema BTR, considerado en su momento uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país. La obra, iniciada en el año 2016, buscaba beneficiar a cientos de miles de usuarios mediante la modernización del transporte público en el área metropolitana.
En ese contexto, la imputación señala que, en octubre del año 2018, ya en funciones como ministro, el encausado habría suscrito un acta de entendimiento con la empresa contratista que dispuso la suspensión de las obras principales y la realización de trabajos distintos a los previstos en el contrato original. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sostenida por los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle, estas decisiones habrían marcado el inicio del deterioro y posterior inutilización de parte de la infraestructura construida.
El documento también sostiene que las modificaciones introducidas al objeto de la obra implicaron la ejecución de tareas orientadas a habilitar la circulación vehicular en el tramo intervenido, apartándose de las especificaciones técnicas del proyecto inicial. Para la Fiscalía, estas acciones habrían generado impactos en la continuidad del plan y en la preservación de los bienes financiados con recursos públicos.
Otro punto central del relato describe que, en abril del año 2020 se habría ordenado la demolición de varias estaciones del corredor central del BTR sin que constara un informe técnico previo que evaluara el estado de las estructuras, pese a recomendaciones institucionales en ese sentido. La acusación indica que la construcción de dichas estaciones había representado una inversión estatal significativa y que su destrucción habría contribuido al presunto perjuicio patrimonial.
Asimismo, se menciona que parte de los trabajos ejecutados posteriormente, vinculados a la rehabilitación del tránsito, habrían implicado desembolsos adicionales no contemplados originalmente, lo que, según la imputación, incrementó el impacto económico del cambio de rumbo del proyecto. En conjunto, estos hechos son considerados por la representación fiscal como una conducta que habría afectado recursos públicos destinados a una obra de interés estratégico.
La imputación agrega que, además de la presunta afectación económica, la discontinuidad del proyecto implicó el abandono de una iniciativa urbana de gran escala financiada en buena medida con préstamos internacionales, cuya amortización continúa. La investigación sitúa el cese de la conducta atribuida en agosto del 2022, cuando el entonces ministro dejó el cargo.
Finalmente, el Ministerio Público solicitó al juzgado la admisión de la imputación y la aplicación de medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva, al considerar que los riesgos procesales podrían mitigarse mediante obligaciones de comparecencia periódica, prohibición de salida del país, caución real y comunicación de cambios de domicilio, mientras prosigue la etapa investigativa.
