La fiscal Mercedes Vera Monges imputó a María Eugenia Acosta Vallejo, Guillermo José González Villalba, Fabrizio Andrés Galli Acosta y Lilian María Beatriz Torres Aguilar por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, lavado de activos y asociación criminal.
Según el Ministerio Público, los procesados habrían montado una compleja estructura para despojar de su patrimonio a la firma Biotécnica S.R.L., empresa dedicada a la elaboración de productos veterinarios, generando un perjuicio patrimonial superior a Gs. 169.945 millones y USD 1,6 millones.
La investigación se inició tras la denuncia del administrador judicial de Biotécnica S.R.L., Ronald Francis González Ferreira, quien relató que durante la remoción de autoridades en el 2025 halló documentación y bienes que apuntaban a un presunto vaciamiento sistemático. El esquema se habría gestado desde el 2021 con la creación de Corporación Biotécnica S.A., constituida por Acosta Vallejo y González Villalba para operar en el mismo rubro y, con el tiempo, absorber a la S.R.L.
Según la imputación, los gerentes y socios de Biotécnica S.R.L. transfirieron activos, marcas comerciales, empleados y registros sanitarios a la nueva sociedad anónima. Incluso se habría dejado vencer intencionalmente los derechos de propiedad de las marcas “Galmedic” y “Laboratorios Galmedic” para registrarlas a título personal de María Eugenia Acosta Vallejo y luego cederlas a Corporación Biotécnica S.A. por apenas Gs. 10 millones, pese a estar valuadas en más de Gs. 20.000 millones.
Además de la apropiación de marcas y activos, el Ministerio Público sostiene que se firmaron contratos de prestación de servicios, alquileres y préstamos entre ambas empresas que, en la práctica, funcionaban como operaciones simuladas. Entre los años 2021 y 2024 se registraron operaciones por más de Gs. 108.000 millones que no fueron pagadas a Biotécnica S.R.L., así como cesiones de crédito por Gs. 79.000 millones a favor de Acosta Vallejo. Todo ello habría reducido la capacidad operativa de la S.R.L., mientras la S.A. se consolidaba en el mercado.
El acta de imputación describe que durante estos años los imputados ejercieron cargos gerenciales y tomaron decisiones claves que favorecieron a Corporación Biotécnica S.A. en detrimento de la empresa original. Se mencionan también sobrecostos, endeudamientos innecesarios y pagos millonarios de alquileres por inmuebles que Biotécnica S.R.L. no necesitaba, generando perjuicios adicionales en dólares y guaraníes.
Por la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga u obstrucción, la fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de prisión preventiva para los cuatro imputados. También pidió medidas cautelares reales, como la prohibición de innovar y contratar acciones, la inhibición general de enajenar y gravar bienes y el embargo de las participaciones en ambas empresas, para asegurar la reparación del daño económico causado
De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión por los delitos imputados. La causa sigue en etapa preparatoria y la Fiscalía dispone de seis meses para presentar acusación u otro requerimiento conclusivo, mientras el juzgado define las medidas cautelares solicitadas y convoca a los imputados a audiencia de imposición de medidas.
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