Imputan a directivos de industria textil por delitos ambientales

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Momento de la constitución

La Fiscal Zunilda Ocampos presentó imputación contra los directivos de la industria textil Santa Ana S.A. Los procesados son el presidente de la firma, Luis Enrique Bacigalupo y el proponente ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Elton Floriano Hildelbrando, quien se desempeña como vicepresidente de la empresa.

Según Ocampos, los directivos enfrentan cargos por violación de medidas de mitigación establecido en el Art. 15 Inciso E de la Ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente y procesamiento ilícito de desechos, en virtud del artículo 200 del Código Penal.

Estas imputaciones surgieron luego de que se constatara la evacuación de efluentes líquidos directamente al arroyo Acaraymí, un curso de agua que cruza la ciudad desde el KM 20 hasta su desembocadura en el Río Paraná. Los vecinos de la zona habían denunciado la presencia de olores desagradables y posibles signos de contaminación en el arroyo, lo que motivó una nueva intervención de la Fiscalía, considerando que ya se había realizado una acción similar en el inicio de la obra.

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Las denuncias se respaldaron con imágenes captadas por drones que mostraban una enorme pileta de la empresa vertiendo desechos sin tratar al arroyo Acaraymí.

Las autoridades tomaron la decisión de realizar un allanamiento para verificar la evacuación de efluentes líquidos y solicitaron el cese y clausura temporal de la industria. Se presume que los desechos vertidos al arroyo son restos de tinta utilizada en el proceso de teñido de telas, los cuales, según los representantes de la empresa, se debieron a un accidente causado por el mal funcionamiento de uno de los motores encargados de llevar los efluentes líquidos a una etapa de tratamiento. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con documentación que respalde la realización de controles semestrales, tal como lo exigía la licencia aprobada por el MADES.

El Juez Penal de Garantías Carlos Vera Ruiz respaldó la solicitud del Ministerio Público de parar temporalmente las actividades de la planta industrial. Esta medida busca evitar la continua descarga de efluentes líquidos hasta tanto se implementen medidas de mitigación y se complete un plan de contingencia que permita reanudar las operaciones de la empresa. Santa Ana SA emplea a más de 100 personas en la zona y tiene compromisos de entrega de producción.

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