Una comitiva encabezada por la Fiscal Yrides Ávila allanó el día de ayer el juzgado de Paz de la localidad de Benjamín Aceval. Al respecto, la agente refirió a PDS Radio que luego de ir hasta el juzgado se apersonaron en los locales de venta de autos donde se adquirieron los vehículos cuyos poseedores denunciaron hechos de presunta estafa.
“En el juzgado hemos incautado algunas documentaciones, específicamente algunos expedientes ya cerrados, finiquitados por el juzgado, además de unos antecedentes que guardan relación con procesos que se iniciaron en esa ciudad por parte del propietario de la playa de vehículos para solicitar los secuestros de distintos vehículos” comentó la agente del Ministerio Público.
Según el relato de las víctimas, una vez que se llevó a cabo la compra a crédito de los vehículos, el local generó situaciones que impidieron el cobro de las cuotas, posicionando a los denunciantes en una situación de mora y, bajo esa premisa, iniciaron la resolución del contrato en un juzgado muy distante. Ya en el juzgado se procedió al secuestro de los vehículos y con eso la casa de ventas recuperaba los rodados nuevamente para luego volver a negociarlos, quedándose con el dinero y los pagarés entregados por las víctimas.
Según las informaciones, existiría una estructura criminal referente a la compra-venta de vehículos en el cual tendría participación el Juzgado de Paz allanado. Los agentes intervinientes incautaron del sitio documentaciones que hacen referencia a la investigación.
El modus operandi se hacía con la tramitación de contratos privados de compra y venta de automóviles para luego proceder al secuestro de los rodados que eran comprados por las víctimas, con hasta dos meses de demora en el pago. En este caso, el proceso judicial duraba dos días, sin el tiempo suficiente para la persona demandada o víctima de ejercer su derecho a la defensa. Estas presuntas irregularidades en los expedientes hallados serán analizadas por la comitiva fiscal a fin de esclarecer el caso.
Por el momento se encuentra imputado el dueño del local comercial, identificado como Porfirio Giménez, quien ya prestó declaración indagatoria en sede del Ministerio Público. Se presume que el mismo incluso vendió un vehículo inhibido a sabiendas de dicha situación irregular, haciendo un contrato por una camioneta la cual finalmente no fue transferida a una de las víctimas a pesar de haber pagado la totalidad del vehículo.
