El fiscal Christian Benítez Cáceres, imputó a María Sánchez González, representante legal y directora de la firma MF Agronegocios S.A., por la presunta comisión del hecho punible de evasión de impuestos. La investigación sostiene que la empresa habría utilizado facturas de contenido presuntamente falso para reducir de manera indebida el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), ocasionando un perjuicio al fisco de G. 1.627.176.291.
De acuerdo con el acta de imputación, la causa se inició a partir de una investigación realizada por el Departamento de Investigación Tributaria de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyos informes identificaron a MF Agronegocios S.A. como presunta utilizadora de facturas de contenido falso dentro de un esquema detectado en las pesquisas vinculadas al Consorcio Tesai Pora. A raíz de esos antecedentes, la DNIT dispuso una fiscalización puntual sobre las declaraciones tributarias de la empresa correspondientes al IVA de los períodos comprendidos entre enero de 2022 y diciembre de 2023, así como del IRE de los ejercicios fiscales 2022 y 2023.
La fiscalización concluyó con un informe de auditoría que determinó presuntas inconsistencias en las declaraciones presentadas por la empresa. Posteriormente, mediante una resolución administrativa emitida en junio de 2025, la DNIT estableció la obligación tributaria de la firma, resolución que quedó firme al no ser recurrida. En mayo de este año, la institución remitió todos los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal.
Según la imputación, durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, Sánchez González, en su calidad de representante legal de MF Agronegocios S.A., habría declarado ante la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación facturas presuntamente clonadas o con datos que no reflejaban operaciones reales. Esos comprobantes habrían sido incorporados a las declaraciones juradas y a los libros de compras del IVA con la finalidad de generar créditos fiscales indebidos y justificar costos y gastos inexistentes en el IRE.
La investigación señala que las facturas fueron atribuidas a 19 contribuyentes, entre personas físicas y empresas. Sin embargo, durante las diligencias llevadas adelante por la DNIT, todos los supuestos proveedores entrevistados negaron haber emitido esos comprobantes o haber mantenido relaciones comerciales con MF Agronegocios S.A., lo que constituye uno de los elementos de sospecha expuestos por la Fiscalía.
Conforme a la imputación, las facturas presuntamente irregulares fueron utilizadas para respaldar créditos fiscales del IVA correspondientes a los períodos de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022, así como febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2023. Asimismo, habrían servido para deducir costos y gastos en las liquidaciones del IRE de los ejercicios fiscales 2022 y 2023, permitiendo así evitar el pago de tributos por un total de G. 1.627.176.291.
El Ministerio Público sostiene que el perjuicio económico fue determinado mediante la fiscalización tributaria practicada por la DNIT. Además, la resolución administrativa fijó una multa por defraudación equivalente al 270 % del monto evadido, por lo que la obligación total determinada para la empresa asciende a G. 6.020.852.276, suma que incluye impuestos y sanciones tributarias. La resolución también estableció la responsabilidad subsidiaria de la imputada como representante legal de la firma.
La conducta atribuida a María Sánchez fue calificada de manera provisoria como evasión de impuestos, prevista en el artículo 261 del Código Penal. Entre los elementos de convicción mencionados por la Fiscalía figuran los informes técnicos de la DNIT, el informe final de auditoría, el acta de fiscalización, las entrevistas a los 19 supuestos proveedores, la resolución administrativa firme y el certificado de deuda emitido por la administración tributaria.
El fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, consistentes en la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país sin autorización y la fijación de domicilio. Asimismo, requirió un plazo de seis meses para concluir la investigación, tiempo durante el cual prevé realizar nuevas diligencias, entre ellas declaraciones de auditores de la DNIT, informes patrimoniales y requerimientos al sistema bancario y cooperativo.
