Una causa que se inició en el ámbito administrativo por presuntas irregularidades aduaneras derivó en un proceso penal por contrabando y estafa informática. El caso involucra a Juan Carlos Plate Ferreira, representante de la firma Remesa Compañía Panamericana de Servicios S.A., cuya actuación se encuentra bajo investigación.
Los antecedentes se remontan a noviembre del 2020, cuando la entonces Dirección Nacional de Aduanas detectó guías aéreas sin regularizar dentro del Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa. Según los registros oficiales, el valor de las mercaderías en situación irregular superaba los 1,8 millones de dólares, lo que motivó la calificación del hecho como infracción aduanera vinculada al contrabando y la imposición de una sanción económica significativa.
La empresa cuestionó la resolución mediante un recurso administrativo; sin embargo, la autoridad aduanera confirmó la sanción en el 2021, estableciendo una multa equivalente al doble del valor de las mercaderías no declaradas. Este antecedente administrativo constituye la base documental del expediente que posteriormente avanzó hacia lo penal.
En 2026, la investigación tomó un nuevo impulso con la imputación formulada por la fiscal Sophia Galeano Gavilán, quien atribuye a Plate Ferreira la presunta continuidad de operaciones irregulares entre 2020 y 2025, consistentes en el ingreso de mercaderías sin los procedimientos de control y cierre exigidos por la normativa.
El Ministerio Público también incorporó la hipótesis de estafa mediante sistemas informáticos. Según la pesquisa, la firma habría mantenido activa su presencia digital pese a contar con suspensión administrativa, lo que, de acuerdo con la imputación, habría generado confusión en potenciales clientes al presentarse como intermediaria de servicios logísticos internacionales.
La causa se tramita ante el juzgado penal de Luque a cargo de la magistrada María Cecilia Ocampos Benedetti, donde la Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para profundizar la investigación y reunir nuevos elementos de convicción.
En este contexto, el Ministerio Público instó a eventuales afectados a presentarse ante la fiscalía zonal correspondiente a fin de aportar información que permita determinar el alcance de los hechos investigados. El proceso se encuentra en etapa inicial, por lo que la responsabilidad penal deberá definirse en las instancias posteriores conforme al debido proceso.
