La fiscala Stella Mary Cano imputó a siete personas, entre las mismas se encuentra el ex juez multifueros de Boquerón, Aníbal Ortíz Granada, por los hechos de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, apropiación, testimonio falso, prevaricato y asociación criminal.
Las demás personas imputadas son: Alicia Garcete viuda de Ayala, Dionisio Garcete Fleitas, Camila Delia Fleitas de Garcete, José Asunción Ayala Pereira, Rafael Adrián Ayala y Kornelius Kroker Derksen.
Ortíz Granada dio lugar a un interdicto de recobrar la posesión, por el cual Alicia Garcete y su familia había recuperado dichas tierras.
El caso proviene de un juicio por la estancia Korochiré de 12.600 hectáreas, ubicada a 150 kilómetros de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, que era propiedad de Críspulo Ramón Garcete, que llegó al lugar en el año 1962 y que posteriormente quedó a cargo de su hija Alicia Garcete.
En el 2011, apareció un colono brasileño de nombre Luis Rodríguez da Cuña, quien presentó un título y dijo ser dueño de las tierras. Este vendió las tierras a la empresa Agro Inversora Occidental S. A, que tiene como accionistas a Raúl Emilio Zapatar, Matias Gallart, Alberto Gabriel Quintas y Santiago León Casado.
Alicia Garcete y su familia habían iniciado un juicio por usucapión contra León Casado, porque este había abandonado dichas tierras.
El proceso de usucapión fue presentado ante el juez de Puerto Casado Teobaldo Otazo, y posteriormente quedó a cargo del juez Gustavo Chilavert, quien favoreció en primera instancia a Garcete, sin embargo, la Cámara de Apelaciones favoreció a la empresa que decía ser dueña de las tierras.
Finalmente, en el 2015, Alicia Garcete y su familia fueron desalojadas de dichas tierras, y las víctimas habían denunciado que el que fuera senador Oscar González Daher estaba detrás del despojo, ya que su esposa Nélida Chávez fue la escribana de la mencionada empresa y la hermana de esta Beatriz Chávez era la abogada de la firma. La Corte Suprema de Justicia resolvió el caso contra la familia Garcete, por una supuesta orfandad probatoria.
Cuando el ex senador fue echado del Congreso y llevado a la cárcel, la Corte había anulado la sentencia y devolvió las tierras a Alicia Garcete.
Y fue en este proceso por interdicto de recobrar la posesión ante el ex juez Aníbal Ortiz Granada, primeramente, fue imputado Rafael Ayala, por testimonio falso y posteriormente las demás personas, entre las mismas el ex magistrado.
