La fiscal de Delitos Económicos Verónica Valdez, imputó a su colega de Alberdi, Rubén Riveros, por cohecho pasivo agravado, ante un supuesto pedido de Gs. 120 millones que habría realizado el agente en conjunto con un abogado, para beneficiar a un procesado por supuesto abuso sexual en niños que estaba con prisión preventiva.
La investigación, llevada adelante por los agentes fiscales Verónica Valdez Rivas y Luis Piñanez se inició a raíz de una denuncia presentada por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, quien dio aviso de un posible pedido de dinero a cambio de beneficios judiciales.
Según el relato de la víctima, A.R.P., esposa del procesado A.C.O., el abogado Méndez Vera le habría solicitado dinero con la promesa de gestionar ante el fiscal Riveros Medina la liberación de su marido, acusado de abuso sexual en niños. El primer pedido habría sido de Gs. 5.000.000 por “unos papeles”, seguido de una suma de Gs. 10.000.000 para conseguir el arresto domiciliario. Posteriormente, Méndez exigió un pago total de Gs. 120.000.000, en dos entregas, para “asegurar la libertad” del acusado.
La investigación logró documentar entregas de dinero y reuniones entre los involucrados, incluyendo una cita en la Fiscalía Zonal de Alberdi el 02 de octubre del 2025, donde se habría concretado una “entrega vigilada” bajo control del Ministerio Público. Durante el procedimiento posterior, se allanó la vivienda del abogado Méndez Vera, hallándose una bolsa roja con Gs. 15.000.000 dentro de su vehículo y Gs. 5.000.000 adicionales en un ropero, sumas que coincidieron con los billetes previamente fotocopiados y autenticados por orden judicial.
Las grabaciones obtenidas por el Ministerio Público evidenciarían conversaciones donde el fiscal Riveros Medina y el abogado Méndez Vera coordinaban los montos y las condiciones del pago. En una de ellas, el fiscal habría dicho a la mujer: “Esto es una jugada técnica, no un capricho. Se busca ganar tiempo. Pídele tiempo al tiempo, que el tiempo te dará”.
Los fiscales Valdez y Piñánez solicitaron además el desafuero del agente fiscal Rubén Darío Riveros Medina, quien goza de inmunidad constitucional, para que pueda ser sometido formalmente a proceso. En el requerimiento presentado al Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, se pidió dar intervención al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La imputación describe un esquema de corrupción judicial en el que el abogado Luis Méndez habría actuado como intermediario, recibiendo dinero en nombre del fiscal Riveros, a cambio de “gestionar” beneficios procesales. El Ministerio Público solicita un plazo de seis meses de investigación para la presentación de acusación u otro requerimiento conclusivo. De confirmarse los hechos, se trataría de un nuevo caso de corrupción en el sistema de justicia, con un fiscal activo presuntamente implicado en el cobro de sobornos.
