El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal Nº 10 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, formuló imputación contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia de una firma comercial.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, el hecho investigado se habría producido el 08 de octubre del 2025, cuando el sospechoso realizó compras en un local del microcentro de la capital del Alto Paraná por un monto total de Gs. 5.638.000.
Según los antecedentes, el pago habría sido efectuado mediante una supuesta transferencia bancaria a nombre de un tercero. Sin embargo, con posterioridad se verificó que dicha operación no se concretó, pese a que el comprador presentó un comprobante como respaldo de la transacción.
La investigación señala que el documento exhibido correspondería a un comprobante apócrifo atribuido a la Cooperativa Universitaria, lo que habría inducido al comercio a entregar las mercaderías adquiridas sin contar con la acreditación efectiva del pago.
Días después de concretada la operación, los responsables del local constataron que el monto no había sido procesado ni recibido en sus cuentas, lo que motivó la presentación de la denuncia y el inicio de las diligencias fiscales.
En ese contexto, la representación pública indicó que el comprobante presentado no corresponde a un socio de la entidad crediticia, conforme al informe oficial remitido por la cooperativa. Asimismo, se corroboró que el sospechoso tampoco forma parte del padrón de socios de la institución.
Entre los elementos reunidos por el Ministerio Público se encuentran la denuncia policial, extractos bancarios, constancias de transferencia, declaraciones testificales, informes de la entidad financiera y facturas emitidas por el comercio afectado.
Con base en estos indicios, el fiscal interviniente resolvió formular la imputación y avanzar en el proceso penal, considerando la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre la posible participación del investigado en los hechos denunciados.
Atendiendo a la complejidad del caso, el Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para la culminación de la investigación, con el objetivo de reunir y analizar de manera integral los elementos probatorios. Asimismo, la Fiscalía requirió la aplicación de medidas cautelares que garanticen la sujeción del imputado al proceso, conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.
