El derrumbe de un edificio en construcción el pasado 02 de abril causó la muerte de Hermelinda Báez de Brítez y su nieta Monserrat Elizabeth Brítez Alfonzo y destapó una cadena de presuntas omisiones, negligencias técnicas y permisividad institucional que derivaron en la imputación de siete personas, incluyendo al propio intendente de Encarnación, Luis Yd Sánchez.
El Ministerio Público, mediante el Acta de Imputación N.º 53/2025, presentó cargos contra el intendente Yd Sánchez; el director de Infraestructura Pública y Servicios, René Orlando Miglio; los arquitectos Roberto Ramírez Faría y Mario Bruno Urbina; la propietaria Ramona Teresa Bogado; el encargado de obra Roberto Montiel Cabral y otros involucrados, por hechos punibles como intervenciones peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y homicidio culposo.
La investigación reveló que el edificio, inicialmente aprobado para cinco pisos, fue ampliado hasta llegar a nueve niveles, mediante permisos de edificación otorgados sin cumplir con los requisitos técnicos y normativos establecidos por la Ordenanza Municipal Nº 56/75. Los planos presentados no contaban con firmas de ingenieros responsables, faltaban estudios de suelo, certificados de servicios públicos y memorias justificadas, entre otros documentos esenciales para garantizar la seguridad estructural.
Pese a estas falencias, los permisos fueron firmados por el intendente Luis Yd Sánchez y el director René Miglio, quienes omitieron fiscalizar las obras en curso, incluso cuando la carga estructural aumentó significativamente con las sucesivas ampliaciones.
Meses antes del colapso, los ingenieros Tomás Almeida y Arturo Román elaboraron un informe técnico alarmante, donde concluyeron que la estructura presentaba múltiples fallas en vigas, columnas y puntos críticos de carga. Advirtieron que la viga de la zona de la piscina, ubicada en el último nivel, podría fallar por punzonamiento o compresión, generando un riesgo de colapso total.
Sin embargo, ni Ramona Bogado ni Mario Bruno, responsables directos de la obra, actuaron en consecuencia. Ignoraron las recomendaciones de evaluación estructural integral y continuaron los trabajos de terminación, exponiendo a obreros y terceros a un peligro inminente.
Fue así que, en fecha 02 de abril, Hermelinda Báez pidió al encargado de obra, Roberto Montiel Cabral, las llaves para pasar la noche en el depósito del edificio junto a su nieta. Esa misma noche, cerca de las 22:30 horas, la estructura colapsó por completo, sepultando a ambas mujeres bajo toneladas de escombros. Los cuerpos fueron recuperados por los bomberos horas después.
Para el Ministerio Público, la cadena de omisiones es clara, desde la proyección deficiente del arquitecto Ramírez, pasando por la omisión de control del intendente y sus funcionarios, hasta la decisión de continuar obras sabiendo los riesgos estructurales, todos actuaron con plena conciencia de las consecuencias. Las imputaciones abarcan desde autoría directa hasta complicidad por omisión y podrían acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
La Fiscalía sostiene que el edificio nunca debió construirse y menos aún ampliarse, sin un estudio técnico estructural. La obra violó normas técnicas, ignoró advertencias profesionales y, peor aún, se convirtió en una trampa mortal para dos inocentes.
