El Ministerio Público imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes; al abogado Óscar Tuma; y a la funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez, por una presunta maniobra para eludir una medida cautelar judicial, transferir inmuebles de un propietario inhibido y, de esta manera, frustrar su comiso especial.
Según la investigación, la funcionaria habría alterado deliberadamente la base de datos del sistema informático de Registros Públicos, modificando los datos personales de Rodrigues Gomes, lo que permitió la generación de certificados falsos de libre disposición de bienes.
De este modo, Gomes —actualmente recluido— logró transferir cuatro inmuebles, por un valor total superior a G. 1.700 millones, a su abogado defensor, Óscar Tuma, en concepto de pago por honorarios profesionales. Pese a tener pleno conocimiento de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, el abogado recibió dichas propiedades, incurriendo así, según la Fiscalía, en el hecho punible de lavado de activos. El juez de garantías, José Delmás, remitió el caso al Juzgado de Crimen Organizado de Turno.
