El Ministerio Público amplió la investigación sobre un presunto esquema de ocultamiento y transferencia irregular de bienes vinculados al supuesto líder criminal Alexandre Rodrigues Gomes y formuló imputación contra el precandidato a concejal Roberto Cubilla Sanabria, Roberto Santiago Ayala Galeano y César García, a quienes atribuye participación en una estructura que habría operado para frustrar el eventual comiso de vehículos y otros activos sometidos a medidas cautelares judiciales.
La imputación fue presentada por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo Pereira, Francisco Cabrera y Diana Gómez, quienes sostienen que los procesados habrían participado en maniobras de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos falsificados. Según el acta de imputación, la investigación se desprende de la causa abierta contra Alexandre Rodrigues Gomes, imputado desde agosto del 2024 en el marco del expediente vinculado a presuntas operaciones de lavado de activos y crimen organizado.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el juez especializado en Crimen Organizado Osmar Legal había decretado la inhibición general de enajenar y gravar bienes, además del bloqueo y embargo de activos pertenecientes a Rodrigues Gomes. La resolución fue comunicada oficialmente a la Dirección General de los Registros Públicos el 19 de agosto del año 2024.
Sin embargo, los fiscales sostienen que posteriormente se detectaron modificaciones irregulares en los registros informáticos que habrían permitido que el investigado apareciera nuevamente con libre disposición de sus bienes. La alteración habría ocurrido el 21 de agosto del año 2024, apenas un día antes de que se concretaran varias transferencias de vehículos.
La imputación refiere que Roberto Cubilla Sanabria habría tenido un rol central en la elaboración y coordinación de las operaciones cuestionadas. Los investigadores afirman que intervino en transferencias de camiones y semirremolques pertenecientes a Rodrigues Gomes mediante escrituras públicas formalizadas ante escribanías, utilizando supuestamente poderes notariales que no habrían sido otorgados por el verdadero titular de los bienes.
Entre los vehículos mencionados en la causa figuran camiones de la marca Iveco, semirremolques Randon, camionetas Toyota Land Cruiser y otros rodados de alto valor económico que, según la Fiscalía, formaban parte del patrimonio de Rodrigues Gomes y se encontraban alcanzados por medidas cautelares judiciales. El Ministerio Público sostiene que para concretar las transferencias se habría invocado un poder general otorgado en 2019 por Faustino Ramón Aguayo a favor de Roberto Santiago Ayala Galeano.
Sin embargo, la investigación concluyó preliminarmente que dicho instrumento no habría sido emitido por el titular de los bienes transferidos. Los fiscales también señalan que Roberto Santiago Ayala Galeano habría actuado como supuesto apoderado en las operaciones, firmando escrituras mediante las cuales los bienes fueron transferidos primero a César García y posteriormente a otras personas.
En el caso de César García, la imputación sostiene que habría figurado como destinatario final de algunos de los vehículos pese a no contar, según los investigadores, con capacidad económica suficiente para adquirirlos. Además, la Fiscalía menciona que García es cuñado de Roberto Cubilla Sanabria, vínculo que fue incorporado como elemento dentro de la hipótesis investigativa.
Otro de los puntos destacados del acta es la presunta utilización de materiales notariales en blanco y hojas de seguridad que habrían sido facilitados irregularmente para la confección de escrituras públicas. La investigación menciona la colaboración de funcionarios y personas vinculadas a escribanías, además de la supuesta utilización de contraseñas para gestionar certificados registrales.
La Fiscalía sostiene que una primera consulta registral realizada sobre Alexandre Rodrigues Gomes reflejaba la existencia de la inhibición judicial vigente. Sin embargo, horas después se habría expedido un nuevo certificado en el que ya no aparecía ninguna restricción, situación que habría sido aprovechada inmediatamente para inscribir las transferencias.
Asimismo, el acta menciona que algunos de los bienes posteriormente habrían sido revendidos a terceros. Entre ellos aparece la firma Castellano S.A., cuyos representantes habrían adquirido vehículos creyendo que las operaciones eran regulares.
La investigación también incorpora datos sobre allanamientos realizados en escribanías de Fernando de la Mora y San Lorenzo, donde fueron incautados protocolos notariales, teléfonos celulares, computadoras y otros documentos considerados relevantes para la pesquisa. Entre los elementos reunidos por los fiscales figuran informes de la Dirección General de los Registros Públicos, copias autenticadas de escrituras públicas, certificados de anotaciones personales, registros de modificaciones informáticas y declaraciones testificales.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que algunos bienes habrían sido transferidos a nombre de una mujer identificada como Rosa Catalina Domínguez, quien, según la imputación, había fallecido en Argentina en el año 2020, varios años antes de las operaciones cuestionadas.
Para el Ministerio Público, los ahora imputados formarían parte de una estructura dedicada a la transferencia y ocultamiento de bienes pertenecientes a personas vinculadas al narcotráfico, con el objetivo de impedir que esos activos pudieran ser decomisados por el Estado.
En cuanto a la calificación jurídica provisoria, Roberto Cubilla Sanabria fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero en la modalidad de frustrar el comiso, asociación criminal, uso de documentos públicos de contenido falso y producción de documentos públicos falsos en carácter de instigador.
Por su parte, Roberto Santiago Ayala Galeano y César García fueron imputados por presunto lavado de dinero, asociación criminal y producción de documentos públicos de contenido falso, en calidad de coautores y cómplices, según la atribución preliminar del Ministerio Público. La causa continúa en etapa investigativa.
