El fiscal Julio César Ortiz González imputó a los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, Vicente Bataglia y a otros siete funcionarios por presunta lesión de confianza. La investigación señala un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones tras la firma irregular de adendas para obras de quirófanos y paneles solares que nunca se ejecutaron.
De acuerdo con la imputación, Vicente Mario Bataglia Araujo (en su carácter de titular de la institución), Hugo Enrique Aranda (gerente de Logística) y Juan Manuel Villar López (director de la UOC) suscribieron las Adendas N° 3 y N° 4 del Contrato N° 6/2020 para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares. Mediante estas adendas se modificaron plazos y formas de pago, otorgando condiciones más ventajosas a la empresa adjudicada, Neighpart S.A.
Esto permitió desembolsos millonarios, como el pago del 10% del total del contrato, a pesar de que la zona de intervención no fue liberada y, por ende, las obras no habían iniciado, violando normativas de contrataciones públicas.
Por su parte, José Raúl Coronel Acosta, director de Mantenimiento y administrador del contrato, habría solicitado la suscripción de las adendas a sabiendas de que no estaban dadas las condiciones para continuar con la ejecución. Además, incluyó ítems como placas fotovoltaicas que, según la Fiscalía, requerían una nueva licitación.
Rosa Colmán, abogada de la Dirección Jurídica, proporcionó el dictamen que dio sustento legal a las modificaciones. El acta señala que su dictamen hizo viable la firma de las adendas, facilitando beneficios y pagos sin justificación legal.
En tanto, Jorge Magno Brítez Acosta, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (gerente de Logística), Marcelo Rubén Bordón Leiva (director de la UOC) y Verónica Alexandra Blanco Bogado (directora de Mantenimiento) suscribieron las Adendas N° 5, 6 y 7 a partir de agosto de 2024.
La investigación refiere que lo hicieron con pleno conocimiento del resultado de la Auditoría N° 12/2024. A criterio de los fiscales, la conducta de los procesados otorgó nuevos plazos y derivó en más desembolsos a favor de la firma.
Hasta la fecha de la imputación, los resultados del gasto millonario son inexistentes: no se instalaron los quirófanos modulares ni las placas fotovoltaicas para el Hospital Central del IPS.
