La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente del Alto Paraná imputó a un hombre de 63 años, propietario de un establecimiento dedicado al engorde intensivo de cerdos en la localidad de Minga Guazú.
La imputación fue formulada por el agente fiscal Orlando David Quintana, quien atribuye al procesado la comisión de los hechos punibles de incumplimiento de medidas de mitigación y procesamiento ilícito de desechos, en el marco de una investigación abierta a raíz de denuncias sobre daño ambiental.
La causa se inició el 17 de octubre del 2025, luego de que un vecino denunciara el vertido de desechos porcinos en un cauce hídrico y la acumulación de animales muertos en el predio, lo que generaba un foco de contaminación con aparentes condiciones insalubres. Tras la denuncia, la Fiscalía dio apertura a la pesquisa y ordenó diligencias de carácter técnico y operativo.
El 27 de noviembre, una comitiva fiscal se constituyó en el establecimiento rural durante un allanamiento autorizado judicialmente. En la intervención se constató la presencia de un galpón de estructura simple, dividido en chiqueros, donde los residuos sólidos y líquidos generados por los animales eran arrojados directamente sobre un cauce hídrico que desemboca en un arroyo de mayor caudal. Según el Ministerio Público, la actividad carecía de cualquier sistema de tratamiento de efluentes y operaba sin autorización del MADES.
Tres días después, el 30 de noviembre, técnicos del Ministerio del Ambiente realizaron una inspección complementaria, verificando la existencia de 40 cabezas de cerdo, restos orgánicos en descomposición, proliferación de vectores y la ausencia total de documentación ambiental habilitante. Durante la verificación se registraron imágenes y se labró un acta con las condiciones observadas.
Con base en estos elementos, el fiscal formuló imputación contra el propietario e informó que los delitos atribuidos contemplan penas de hasta 5 años de prisión o multa. Paralelamente, solicitó medidas cautelares reales, entre ellas la clausura temporal del establecimiento, la prohibición de innovar sobre el cauce hídrico afectado y otras acciones destinadas a resguardar el ambiente y evitar daños adicionales mientras dure la investigación.
Asimismo, el representante del Ministerio Público pidió la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, condicionada al cumplimiento de obligaciones por parte del imputado, tales como la prestación de caución adecuada, la fijación de un domicilio dentro de la jurisdicción, la prohibición de salir del país y la asistencia periódica ante el Juzgado para asegurar su sometimiento al proceso.
La causa continuará su trámite con la revisión judicial de las medidas solicitadas y la prosecución de diligencias técnicas a fin de determinar la magnitud del daño ambiental y las eventuales responsabilidades penales derivadas.
