La fiscal María Estefanía González imputó al representante de la comisión de Hacienda ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) José Antonio Ortiz, Raúl Mariano Silva, representante del Ministerio del Interior, Carmen Alonso, representante de la Diben, Ricardo Núñez, representante de las municipalidades, Omar Rodrigo Mongelos, Rubén Antonio Rousillón, representante de las gobernaciones, todos por lesión de confianza, por usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción. Mientras que al ex procurador General Sergio Coscia, por lesión de confianza y Álvaro Wasmosy por declaración falsa.
La imputación se da luego de que algunos senadores hayan denunciado presuntas irregularidades respecto a la adjudicación de la quiniela, así como la legalización de tragamonedas en sitios prohibidos y la aplicación de descuento en el canon a concesionarias.
Según la investigación, la Conajzar dejó de percibir en materia de recaudación de canon G. 31.903.460.314.
Según el relato de los hechos, en la licitación pública del 2014, Conajzar adjudicó a la firma TDP S.A la concesión de la quiniela por cinco años el 15 de enero del 2015.
Se firmó una serie de obligaciones que la empresa adjudicada debía de cumplir, principalmente canon a favor del Estado por porcentaje de apuestas y que la Conajzar debía de controlar por medio de un sistema que TDP S. A debía de habilitar, entre otras donaciones etc.
Sin embargo, a lo largo de esos años, la empresa TDP, representada por Álvaro Wasmosy, no cumplió con sus obligaciones, que según la imputación nunca habilitó el sistema de control para que Conajzar realice la verificación del porcentaje que debía de pasar al Estado y que tampoco habría pagado el canon correspondiente, inclusive llevó a los estrados judiciales, que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
En el 2019, se llamó a nueva licitación para la adjudicación de la quiniela, presentándose nuevamente TDP S. A, presuntamente con una declaración jurada falsa, donde constaba el cumplimiento de sus obligaciones al fisco.
Ante esta situación y la presencia nuevamente de la empresa TDP S. A, la Conajzar habilita a dicha firma para la licitación con la firma de Raúl Mariano Silva, Rubén Antonio Rousillón, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez y José Antonio Ortíz.
El 15 de diciembre del 2020, la empresa TDP S.A volvió a hacer adjudicada por la Conajzar.
En cuanto a las tragamonedas, Conajzar el 8 de octubre de 2020, firmada por Omar Mongelós, Rubén Antonio Rousillón, Carmen Corina Alonso, Ricardo Núñez, José Antonio Ortíz, adjudicó a la firma I- Crop S. A.
La mencionada empresa debía también cumplir con ciertas obligaciones, sin embargo, aparentemente no lo cumplió y la Conajzar tampoco hizo hacer que se cumpliera con dichas diligencias, como la declaración jurada, los locales habilitados etc.
Lo que corresponde a la quita, a fin de proceder a la quita en cuanto al canon de empresas concesionarias de juegos de azar, la Conajzar solicitó a la Procuraduría General del Estado el 30 de marzo del 2020 y al día siguiente, Sergio Coscia a través de un decreto invoca la ley de Emergencia Nacional y declara emergencia sanitaria para justificar aquello que la Conajzar quería realizar, que es la disminución del canon del 50 por ciento por parte de las empresas que debían de pagar.