El Ministerio Público formuló imputación contra Gregorio Gabilán en el marco de una investigación por un presunto hecho de feminicidio ocurrido en el departamento de Concepción, cuya víctima fue Juana González, integrante de la comunidad indígena Pa’i Tavytera. La causa se encuentra a cargo de la fiscal Claudia María Huespe, quien sostuvo que, a partir de las diligencias iniciales, se reunieron indicios que permiten atribuir al sospechoso una posible participación en el hecho.
Según los antecedentes incorporados al expediente, la víctima mantenía una relación sentimental con el imputado, un hombre de 60 años. La joven había sido reportada como desaparecida durante varios días, hasta que finalmente sus restos fueron localizados en la zona de Azotey, lo que dio inicio formal a la investigación penal por el hecho punible de feminicidio. Aparentemente se trata del primer caso de feminicidio en lo que va de este 2026.
Atendiendo a la naturaleza del delito investigado y a la expectativa de una pena elevada, la representación fiscal solicitó al juzgado la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar. El pedido se fundamenta en la necesidad de asegurar la sujeción del imputado al proceso y evitar riesgos procesales. Asimismo, el Ministerio Público requirió que se declare la rebeldía del encausado, debido a que actualmente se encuentra con paradero desconocido. En ese contexto, se mantiene vigente una orden de detención en su contra, a fin de lograr su comparecencia ante la justicia.
El caso se inscribe en un contexto nacional marcado por la persistencia de hechos de violencia extrema contra mujeres. De acuerdo con datos oficiales del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, durante el último año se registraron decenas de causas vinculadas a feminicidios y tentativas, lo que continúa generando preocupación en los organismos de persecución penal y en la sociedad.
Las estadísticas reflejan que estos hechos no solo afectan de manera directa a las víctimas, sino que también dejan consecuencias sociales profundas. Entre ellas, se encuentra la situación de niños, niñas y adolescentes que quedan en condición de orfandad tras la muerte violenta de sus madres.
Desde el Ministerio Público reiteraron la importancia de fortalecer las acciones de investigación y prevención de la violencia de género, así como el acompañamiento institucional a las víctimas indirectas, en el marco de las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos humanos.
