La fiscal Mercedes Vera imputó al Defensor del Pueblo Rafael Luis Ávila por la presunta realización del hecho punible de desacato a una orden judicial, tras no dar cumplimiento a una resolución que ordenaba la reincorporación de una funcionaria desvinculada irregularmente de la institución.
De acuerdo al escrito fiscal, el 19 de junio del año 2024 el Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo de la Primera Sala hizo lugar a una medida cautelar promovida por Nidia Pintos Benítez, quien se desempeñaba como directora general en la Defensoría del Pueblo y había sido desvinculada de manera presuntamente irregular. La resolución ordenaba su inmediata reposición en el cargo, con la exigencia de una contracautela de Gs. 1.000.000 o póliza de seguro.
Sin embargo, el 11 de septiembre del mismo año, Pintos Benítez informó formalmente al Tribunal de Cuentas el incumplimiento de dicha medida judicial por parte del ente dirigido por Ávila. En el documento también se mencionaba la vacancia del cargo dentro de la nómina de funcionarios, hecho que fue posteriormente confirmado mediante un informe remitido al Ministerio Público.
El presidente del Tribunal de Cuentas remitió el caso a la Fiscalía General del Estado, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 4711/12, para su investigación correspondiente. A partir de esa remisión, la fiscal Vera inició una causa y formuló la imputación, al considerar que existen elementos suficientes que hacen presumir la comisión del delito de desacato a una orden judicial.
Debido a que Rafael Ávila goza de inmunidad en razón de su cargo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías que comunique oficialmente la imputación a la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que se inicie el trámite legislativo para su desafuero.
