El agente fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía Zonal de Emboscada, presentó imputación contra el intendente municipal de la ciudad de Juan de Mena por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Según la investigación preliminar, el Ministerio Público atribuye un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de Gs. 553.509.864.
De acuerdo con el acta de imputación, uno de los hechos investigados guarda relación con presuntas irregularidades en el manejo de las recaudaciones municipales durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2023. Conforme a los registros analizados, existiría una diferencia entre los montos percibidos en concepto de tasas, impuestos y contribuciones por la Municipalidad de Juan de Mena y los valores que efectivamente fueron depositados en las cuentas bancarias habilitadas.
Esta diferencia negativa para el municipio fue estimada en Gs. 186.514.454, lo que, según la hipótesis fiscal, evidenciaría un posible desvío de recursos públicos.
Otro de los sucesos investigados se vincula con la ejecución de obras de canalización de hormigón en distintos puntos del distrito de Juan de Mena. El Ministerio Público sostiene que dichas obras habían sido abonadas en su totalidad en dos oportunidades, sin que las mismas hayan sido concluidas. En ese contexto, durante los periodos 2022 y 2023, se atribuye al intendente municipal haber autorizado pagos duplicados por la ejecución de una misma obra, pese a que el avance físico no se correspondía con el avance financiero.
La investigación estima que esta situación habría ocasionado un menoscabo económico al municipio por un valor aproximado de Gs. 196.288.010.
Finalmente, la imputación también comprende presuntas irregularidades en la construcción de pavimento tipo empedrado en la compañía Santa Lucía, específicamente en el tramo cercano a la Escuela Básica Nº 6.720 Santa Lucía. Según la Fiscalía, la obra habría sido igualmente pagada en su totalidad en dos ocasiones distintas, sin que se haya completado su ejecución. Al igual que en los otros casos, el avance físico no habría guardado relación con los desembolsos realizados, generando un presunto perjuicio económico estimado en Gs. 170.707.400.
El Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder, en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales.
