La discusión sobre la reforma de la Caja Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo y remitida al Congreso Nacional para su análisis, ha generado inquietud en el sector judicial ante una creciente ola de renuncias y jubilaciones de magistrados y defensores públicos.
El sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público enfrenta déficits que en el año 2025 alcanzaron alrededor de USD 380 millones y sin modificaciones estructurales, como la introducción de una edad mínima de jubilación y un esquema de aportes más sostenible, se estima que el desequilibrio podría intensificarse en los próximos años si no se adoptan medidas correctivas, según el ejecutivo.
El proyecto de reforma propone, entre otras cosas, una edad mínima de jubilación de 57 años y un mínimo de 25 años de servicio para sectores como magistrados judiciales, magisterio y docentes universitarios, con tasas de sustitución escalonadas que incentiven una mayor permanencia en actividad. Sin embargo, diversos jueces y camaristas han expresado preocupación por el impacto inmediato que la aprobación de la reforma podría tener sobre la planta de funcionarios judiciales, advirtiendo que aproximadamente el 40% de los magistrados, unos 200 con resoluciones de jubilación y otros 400 tramitándola, se jubilarían si se sanciona la modificación en los términos propuestos, lo que podría afectar seriamente la operatividad del sistema judicial.
En este contexto, una serie de renuncias y solicitudes de jubilación podrían darse en poco tiempo, entre ellas las de jueces de primera instancia de la niñez y adolescencia, camaristas, jueces de paz, miembros del Tribunal Electoral, fiscales y defensores públicos, muchas con fechas de retiro previstas lo que podría evidenciar una respuesta anticipada del sector ante la incertidumbre normativa.
