La comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Sonia Von Lepel, expuso en entrevista con PDS Radio los principales resultados de un informe preliminar que analiza las condiciones de custodia en comisarías del Departamento Central, elaborado tras un proceso de investigación que se extendió por aproximadamente un año y medio.
Según explicó, el estudio fue desarrollado de manera conjunta con la Facultad de Arquitectura y contó con cooperación técnica de organismos internacionales, entre ellos el MNP de Chile y la Procuraduría Penitenciaria, con el objetivo de evaluar las condiciones edilicias y el cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos en dependencias policiales.
Von Lepel indicó que la elección del Departamento Central respondió a que se trata de una de las zonas con mayor flujo de personas detenidas. De acuerdo con los datos recabados, cerca de 11.000 personas pasan anualmente por las comisarías de Central, mientras que a nivel país la cifra ronda las 27.000. De ese total, unas 19.000 personas terminan ingresando al sistema penitenciario, lo que evidencia, según señaló, que las comisarías funcionan como espacios de tránsito con un volumen significativamente mayor al del sistema carcelario.
El informe se centró en verificar si las celdas cumplen con el estándar mínimo internacional de seis metros cuadrados por persona, excluyendo sanitarios y superficies no utilizables. La comisionada describió que, en la mayoría de los casos, las celdas son espacios reducidos, sin ventilación adecuada, sin luz natural y, en muchos casos, sin sanitarios, con colchones colocados directamente en el suelo.
Durante el monitoreo se relevaron 68 comisarías del Departamento Central que cuentan con celdas, sobre un total de 132 dependencias policiales. El diagnóstico arrojó que solo 34 de las 74 celdas analizadas cumplen con el estándar mínimo de espacio, lo que representa que más del 47% se encuentra por debajo de las condiciones consideradas dignas para la custodia de personas privadas de libertad.
En relación con la separación por sexo, Von Lepel advirtió que únicamente 13 de las 68 comisarías cuentan con celdas diferenciadas para mujeres y varones y que solo tres de ellas cumplen con el metraje exigido. Además, señaló que prácticamente no existen espacios adecuados para adolescentes, situación que incrementa la vulnerabilidad de este grupo y obliga a traslados a otras dependencias.
Otro aspecto señalado como preocupante fue la práctica denominada “depósito”, mediante la cual personas detenidas son alojadas en comisarías distintas a aquellas que realizaron el procedimiento, sin que la dependencia receptora cuente con la documentación completa sobre la detención, el estado de salud o la situación procesal del detenido. Según la comisionada, esta situación genera riesgos adicionales para la garantía de derechos.
Asimismo, Von Lepel cuestionó la permanencia prolongada de personas privadas de libertad en comisarías, que en la práctica se extiende entre 10 y 15 días, pese a que el Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 72 horas para que un juez resuelva la situación procesal. Indicó que esta extensión, en muchos casos, se produce por orden judicial, lo que convierte a las comisarías en espacios de estadía prolongada sin contar con infraestructura ni presupuesto adecuados.
Finalmente, señaló que la Policía Nacional no dispone de recursos específicos para la alimentación de personas detenidas, por lo que, en la mayoría de los casos, la provisión de alimentos recae en los familiares o, en situaciones excepcionales, en el propio personal policial. La comisionada remarcó que estas condiciones refuerzan la necesidad de revisar las prácticas actuales y adecuarlas a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
