La juez de ejecución penal Sandra Kirchhofer dispuso el inicio del trámite para analizar el pedido de prisión domiciliaria presentado a favor de José Albino Pistilli López, exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), condenado a tres años de prisión por lesión de confianza en el marco del caso conocido como la compra irregular del edificio Excelsior.
La medida no implica aún la concesión del beneficio, sino la apertura de una etapa de evaluación integral en la que se reunirán diversos informes técnicos y periciales que permitirán al juzgado determinar la viabilidad del pedido formulado por la defensa.
Como parte de este proceso, la magistrada ordenó la realización de una junta médica integrada por profesionales del Ministerio Público, del Poder Judicial y un médico propuesto por la defensa. Este equipo deberá evaluar el estado de salud del condenado y determinar si presenta una enfermedad grave, si puede valerse por sí mismo y si su tratamiento puede ser garantizado en el lugar de reclusión.
Asimismo, se dispuso la elaboración de informes psicológicos y sociales mediante entrevistas con el interno, a fin de analizar su situación personal, su entorno y las condiciones para una eventual permanencia fuera del establecimiento penitenciario. El juzgado también ordenó la verificación del domicilio propuesto por la defensa, ubicado en la ciudad de Lambaré, donde se realizarán entrevistas a los residentes para evaluar si reúne las condiciones adecuadas en caso de concederse la medida.
Otro de los requisitos establecidos es la realización de un examen toxicológico, que permitirá verificar la eventual presencia de sustancias prohibidas, así como la remisión de un informe del organismo técnico criminológico respecto a la conducta y evolución del condenado dentro del sistema penitenciario. Igualmente, se solicitó el prontuario policial y civil del interno, como parte de la recopilación de antecedentes necesarios para una valoración completa del caso.
De acuerdo con la resolución, todos estos elementos deberán ser analizados en conjunto para determinar si se cumplen los presupuestos legales previstos en el Código de Ejecución Penal para el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
El exfuncionario fue condenado en el marco de una causa por lesión de confianza vinculada a irregularidades en la adquisición del edificio Excelsior, uno de los casos de relevancia en materia de gestión de recursos públicos en el ámbito educativo.
Con la apertura de este trámite, el juzgado inicia una etapa de evaluación técnica que culminará con una decisión fundada sobre la procedencia o no del beneficio solicitado.
