El JEM resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar respecto a los antecedentes puestos a consideración de los miembros con respecto a una causa en la que un Tribunal de Apelaciones anuló la prisión preventiva y otorgó arresto domiciliario a un agente policial procesado por presunto abuso de su hijastra. El hombre, tras ser beneficiado con dicha medida, se fugó.
El ministro Manuel Ramírez Candia solicitó formalmente el inicio de una investigación preliminar de oficio tras analizar informaciones divulgadas en medios de comunicación sobre supuestas irregularidades en la concesión de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en favor del procesado por abuso sexual en niños.
Durante su intervención en sesión plenaria, Ramírez Candia argumentó que la situación reúne los tres requisitos esenciales que justifican la apertura de un proceso indagatorio: notoriedad, por el alcance mediático del caso; gravedad, por tratarse de un delito que afecta el bien jurídico de la infancia y afectación del interés público-social, al tratarse de una problemática extendida y sensible para la sociedad paraguaya.
El hecho en cuestión refiere a un tribunal de apelación que benefició con medidas sustitutivas a un imputado por el grave hecho punible. Ramírez Candia señaló que el plazo legal para el análisis de la actuación de los magistrados involucrados venció el pasado 20 de junio y que, en virtud del art. 18 de la Ley N.º 6814/21, corresponde iniciar el procedimiento para examinar técnicamente el expediente.
Asimismo, mencionó que, en fecha 06 de junio, miembros de una comunidad de Caazapá presentaron una nota en la que afirmaron que los magistrados actuaron correctamente. Sin embargo, también aclaró que los propios jueces involucrados, Adrián Urbieta Vera y Guido Ramón Melgarejo, miembros del Tribunal de Apelación, presentaron manifestaciones sobre su actuación en el caso, lo que refuerza la necesidad de transparentar el proceso mediante una revisión objetiva del expediente.
“La afectación al interés social, la notoriedad del caso y la gravedad del hecho atribuido hacen que el Jurado deba actuar con diligencia”, sostuvo Ramírez Candia, quien votó a favor de traer a la vista el expediente e iniciar una evaluación técnica del mismo por parte del JEM. La propuesta fue dirigida a la vicepresidenta del Jurado y será tratada conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.
