El Ministerio Público inició una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito contra Eddie Ramón Jara Rojas, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), a partir de una denuncia presentada por la Contraloría General de la República (CGR), tras detectar inconsistencias en el examen de correspondencia de sus declaraciones juradas de bienes y rentas.
La causa fue asignada a la fiscal Yeimy Adle Monges, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, mediante el sistema aleatorio de distribución de expedientes del Ministerio Público. Según los antecedentes remitidos por la CGR, el análisis técnico de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario habría evidenciado posibles irregularidades que motivaron la comunicación formal al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal.
En el marco de las primeras diligencias, la agente fiscal solicitó informes al Banco Central del Paraguay, requiriendo la identificación de todas las entidades financieras en las que el investigado registró operaciones entre agosto del 2023 y marzo del 2026. El pedido se fundamenta en las facultades legales del Ministerio Público para acceder a información bancaria en el contexto de una investigación penal, conforme a las excepciones al deber de secreto previstas en la normativa vigente.
De acuerdo con el reporte preliminar, el investigado habría mantenido vínculos operativos con múltiples entidades del sistema financiero durante el periodo analizado, lo que será objeto de verificación y análisis por parte de la Fiscalía a fin de determinar la trazabilidad de los fondos y la correspondencia con sus declaraciones juradas.
El procedimiento se enmarca en la etapa inicial de investigación, en la cual el Ministerio Público reúne elementos de convicción tanto de cargo como de descargo para esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, el documento recuerda los derechos procesales, conforme al art. 68 del Código Procesal Penal, incluyendo el acceso a información sobre el desarrollo del proceso y la posibilidad de intervenir en el mismo.
La investigación continuará con la recolección de informes técnicos y financieros, así como otras diligencias que permitan determinar si existen indicios suficientes para sostener una eventual imputación.
