El Ministerio Público dispuso la apertura de una causa penal para investigar presuntas acciones de espionaje cibernético llevadas a cabo por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) en territorio paraguayo. La indagación estará a cargo de la agente fiscal Irma Llano, de la Unidad N.º 3 Especializada en Delitos Informáticos, según la Resolución FA.U.EDLN 27 emitida en abril del 2025.
La investigación se inicia tras la difusión de publicaciones periodísticas internacionales que apuntan a la participación directa o indirecta de la ABIN en operaciones de hackeo e infiltración digital con el propósito de obtener información confidencial. Entre los objetivos señalados se incluyen dispositivos electrónicos del presidente de Paraguay, Santiago Peña, así como de senadores, diputados, miembros del cuerpo diplomático y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
De acuerdo con los informes, los ataques cibernéticos habrían estado dirigidos a interceptar información vinculada a la negociación de tarifas de la hidroeléctrica Itaipú. Para ello, los atacantes habrían utilizado herramientas avanzadas como Cobalt Strike, un software empleado para acceder remotamente a sistemas informáticos, registrar pulsaciones de teclado, capturar credenciales y extraer archivos de manera no autorizada.
Desde la Fiscalía se analiza la posible configuración de hechos punibles, entre ellos el acceso indebido a datos (art. 144 b), el acceso indebido a sistemas informáticos (art. 174 b) y la interceptación de datos en tránsito (art. 144 c), todos tipificados en la legislación penal paraguaya.
El Ministerio Público considera que, si bien las acciones habrían sido ejecutadas desde Brasil, las consecuencias legales recaen en Paraguay, lo que justificaría la competencia de la justicia paraguaya en el caso. Asimismo, se evalúa solicitar cooperación judicial a las autoridades brasileñas en el marco de la «Convención sobre Ciberdelincuencia», tratado internacional suscrito por ambos países.
Con esta decisión, la Fiscalía busca esclarecer si existió una vulneración de la soberanía nacional a través de prácticas de ciberespionaje y, en caso de confirmarse los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes. La agente fiscal Irma Llano dirigirá las diligencias para recabar pruebas y establecer el alcance de las presuntas operaciones ilegales.
