Ante el juez de garantías Rolando Duarte se inició la audiencia preliminar en la causa seguida contra Dany Durand y Julio César Román Romei, acusados por el Ministerio Público por el presunto hecho punible de actividades peligrosas en la construcción, en relación con el edificio “Campos del Sol”, ubicado en el barrio San Vicente de Asunción.
La acusación fue presentada por el fiscal Julio César Paredes, quien solicitó la apertura a juicio oral y público, sosteniendo que ambos imputados habrían incumplido normas técnicas esenciales durante la ejecución de la obra, generando riesgos para la vida e integridad de los residentes del complejo habitacional.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el edificio fue construido por la firma Mocipar Propiedades durante la gestión de Dany Durand como presidente, mientras que la ejecución técnica estuvo a cargo de la empresa constructora dirigida por Julio César Román Romei. Si bien el proyecto contaba inicialmente con aprobación municipal, se habrían realizado modificaciones sin autorización, lo que derivó en irregularidades estructurales.
Uno de los hechos centrales de la acusación refiere a la apertura de una puerta en niveles superiores del edificio que daba directamente a un vacío, sin medidas de protección. Según el Ministerio Público, esta situación derivó en un accidente ocurrido en marzo del año 2023, cuando una persona cayó desde la altura, debiendo ser auxiliada por bomberos y trasladada a un centro asistencial.
Además, la investigación menciona episodios de deterioro estructural, incluyendo desprendimientos de partes del techo y maderamen, así como la presencia de fisuras y grietas en la edificación. Estos hechos habrían sido constatados tanto por peritajes técnicos como por inspecciones realizadas por funcionarios de la Municipalidad de Asunción.
El dictamen pericial elaborado por especialistas del Ministerio Público concluyó que la estructura presenta deficiencias relevantes, como la falta de sistemas de protección en áreas de riesgo, problemas en la sujeción de elementos constructivos y signos de erosión en el terreno, lo que, según la acusación, configura un escenario de peligro permanente para los ocupantes.
Asimismo, informes municipales dieron cuenta de la necesidad de adoptar medidas urgentes para la reparación del edificio, incluyendo la regularización de las modificaciones introducidas y la implementación de condiciones mínimas de seguridad, requerimientos que, según la Fiscalía, no habrían sido cumplidos en forma adecuada.
La causa se sustenta también en testimonios de residentes, quienes relataron situaciones de riesgo, como caídas de materiales, filtraciones y daños progresivos en la infraestructura. Algunos señalaron que los problemas se agravaban durante condiciones climáticas adversas, generando preocupación constante entre las familias que habitan el lugar.
En su análisis jurídico, el Ministerio Público sostiene que la conducta atribuida a los acusados se encuadra en un delito de peligro, que no requiere la producción de un daño concreto, sino la generación de un riesgo para terceros. En ese sentido, se atribuye a ambos una actuación contraria a las normas técnicas de construcción, lo que habría puesto en riesgo bienes jurídicos como la vida y la integridad física.
La audiencia preliminar continuará con el análisis de los elementos de convicción presentados por las partes, tras lo cual el juzgado deberá resolver si la causa es elevada a juicio oral, instancia en la que se determinará la eventual responsabilidad penal de los acusados.
