Ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se realiza la audiencia preliminar de acusados por presuntamente integrar un esquema de coima en la extinta Detave. Es respecto a los acusados Juan Carlos Samudio Legal, Concepción Olmedo Giménez, Hugo Mario González Ovelar, Abel Enrique Armoa Pereira y Rafael Portillo.
Los fiscales Belinda Bobadilla y Francisco Cabrera acusaron y solicitaron la elevación a juicio oral y público una causa contra 19 personas procesadas por formar parte del presunto mecanismo montado en la extinta DETAVE, para el cobro de coimas por el ingreso de mercaderías de contrabando. Los hechos acusados son contrabando agravado, cohecho pasivo agravado y soborno.
La causa guarda relación con la investigación iniciada entre marzo y abril del año 2019 mediante escuchas telefónicas autorizadas, que dieron cuenta del esquema presumiblemente liderado por el General retirado Ramón Benítez, cuyo juicio oral debió iniciar el lunes pasado, pero fue suspendido. La acusación es contra 8 funcionarios de Aduanas, 6 secretarios privados, 3 agentes de la Policía Nacional y 2 comerciantes que habrían participado del negociado y entrega del dinero.
Los acusados son Juan Carlos Samudio Legal, Hugo Mario González Ovelar, Rafael Portillo, Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz, Saúl Daniel Alarcón Moline, Ángel Enmanuel González Cáceres, Alberto Ledesma Sánchez, Víctor Alfredo Duarte Caballero de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La lista continúa con los secretarios privados Concepción Olmedo Giménez, Abel Enrique Armoa Pereira, Pedro Carlos Delvalle Marecos, Javier Arnaldo Acosta Lovera, Silvino Enrique Olmedo Giménez y Adalberto Figueredo Vázquez.
Saúl Daniel Alarcón Moline es el primero de los 19 procesados que deberá afrontar juicio oral; Pedro Carlos Delvalle y José Isac Lesme obtuvieron una suspensión condicional y deberán, entre otras medidas, donar Gs. 15 millones como reparación del daño. Por su parte, Javier Arnaldo Acosta Lovera y Rafael Carlos Coronel Díaz fueron condenados en un procedimiento abreviado a 1 año 6 meses y a 2 años de prisión, respectivamente, con el beneficio de la suspensión de la ejecución.
