El intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay, afronta juicio oral desde hoy por presunta lesión de confianza, a raíz de un supuesto perjuicio de G. 2.443 millones a la comuna durante el ejercicio fiscal 2022. El Tribunal de Sentencia, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, canceló la personería de uno de los abogados defensores ante la posibilidad de que comprometa la conformación del colegiado.
La audiencia comenzó con planteamientos preliminares vinculados a la defensa técnica del acusado. En ese sentido, el Colegiado canceló la personería del abogado Eduardo Royg, debido a que su intervención podía comprometer la integración del Tribunal, conforme a las reglas procesales que impiden designaciones que puedan generar causales de apartamiento de magistrados durante la tramitación del juicio.
También se analizó la situación de la querella adhesiva en representación de la Municipalidad de Jesús de Tavarangüe, ejercida por el abogado Ariel Acosta, quien poseía un poder especial otorgado por la Junta Municipal para desistir de la acusación.
Tras deliberar, el Tribunal declaró abandonada la querella adhesiva al considerar que la representación municipal no compareció en los términos exigidos por el Código Procesal Penal, mientras que el planteamiento de desistimiento no fue analizado al carecer el profesional de legitimación activa para intervenir en el juicio.
La presidenta del bloque explicó al acusado que durante el juzgamiento tendrá la oportunidad de ejercer su defensa material a través de una declaración indagatoria.
La acusación sostiene que el jefe comunal habría causado un perjuicio patrimonial exacto a la Municipalidad de Jesús de G. 2.443.432.795, fondos provenientes de aportes especiales otorgados a los distritos que son sede de monumentos históricos por las leyes Nº 5255/14 y Nº 6145/18, en el periodo fiscal 2022.
De acuerdo con la investigación, el daño se produjo a través del pago de cheques a personas que no realizaron ningún servicio al municipio, sumado a que dichos documentos fueron emitidos sin el respaldo de la documentación que justifique los desembolsos.
