Inició juicio oral en caso por presunta estafa a tres jugadores de fútbol

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Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro

Inició el juicio oral y público a Pablo Eduardo Suárez Celabe y María José Arce Oddone, acusados por presuntamente estafar a los exjugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, Osmar Molinas y Juan Manuel Salgueiro, mediante la venta de departamentos que no se habría concretado.

Según el Ministerio Público, SUAR S.A. no construyó los inmuebles y constituyó una nueva sociedad denominada Cibera S.A., a la cual transfirió el inmueble. La fiscal Deisy Sánchez ratificó su acusación en los alegatos iniciales. El Tribunal de Sentencia está conformado por Gloria Hermosa, Christian González y Darío Báez.

Inicialmente Rodrigo “Popi” Muñoz inició la negociación con la pareja acusada, en torno a una propuesta de negocios a principios del año 2015, que consistía en la adquisición de departamentos mediante el “sistema pozo”.

Por su parte Osmar Molinas, adquirió una unidad de departamento con cochera en ese mismo año, pero el desarrollo inmobiliario jamás termino la construcción que ni siquiera contaba con aprobación de la Municipalidad según comentó. A raíz de esta situación presentaron una demanda civil por incumplimiento de contrato, pero en el transcurso del proceso se dieron cuenta de que fueron estafados, por lo que llevaron el caso a una denuncia penal por presunta estafa.

Según datos de la investigación, este proyecto inmobiliario estaba sujeto a 20 meses. El matrimonio compuesto por Pablo Eduardo Suárez y María José Arce de Suárez, presentó un proyecto de edificios que no contaba con la aprobación municipal requerida, pero contaba con garantías en caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato, los mismos comenzaron la ejecución del proyecto pero por el camino abandonaron las obras debido a la falta de capital, por lo que para continuar las obras, buscaron nuevos inversores, motivo por el cual decidieron vender y transferir el edificio sin dar aviso a los futbolistas.

La estafa ronda los 800 mil dólares y las víctimas abonaron al contado la totalidad de lo requerido para dicho proyecto.