Inició juicio oral por extorsión a comerciantes del mercado de San Lorenzo

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Óscar Villamayor Báez

Inició el juicio oral y público para el exjefe de Inteligencia de Delitos Económicos de la Policía, Rodolfo Martínez, el exjefe operativo de la COIA, Óscar Villamayor y el estibador Alcides Ayala en la causa por presunto cohecho pasivo agravado y extorsión a comerciantes del mercado de San Lorenzo. La audiencia oral seguirá el martes 29 de octubre a las 07:30hs.

Según los antecedentes del caso, en fecha 09 de septiembre del año 2022 el Oficial Inspector de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, Rodolfo Martínez y el agente especial de la Dirección Nacional de Aduanas, Óscar Villamayor, realizaron un allanamiento en un local comercial dando seguimiento a una supuesta causa abierta por supuesto hecho de contrabando. En ese momento también se presentó el procesado Alcides Ayala, quien se identificó como “Jorge Amarilla” y alegó ser funcionario de Aduanas, cuando esto no es verdad.

Aparentemente Óscar Villamayor solicitó la suma de Gs. 50.000.000 al ciudadano Ricardo González, esposo de la propietaria del local comercial “Pañalería Kiara y Jesús”, Lizeth Molas, para poder ayudarlo y evitar que las mercaderías que vendía fueran incautadas, siempre en el marco de la supuesta investigación por contrabando. González le contestó al procesado que no contaba con esa suma de dinero, por lo que Rodolfo Martínez y Alcides Ayala lo amenazaron con llevarse todos los productos y su camioneta, para luego presentar una imputación en su contra.

Atendiendo a la negativa del hombre a pagar la suma solicitada, Villamayor intentó negociar con el mismo y le dijo que al menos llegara a recaudar un total de Gs. 20.000.000. La víctima consiguió la suma solicitada y se dirigieron al baño, donde no había cámaras, para la entrega del dinero en efectivo. A pesar de haber cumplido con el pago, los acusados procedieron a llevarse las mercaderías del local comercial y, luego de una semana, volvieron al lugar y solicitaron la suma de Gs. 250.000 a la dueña Lizeth Molas, tanto para la Policía Nacional como para la Aduana, como una cuota semanal para evitar que su local sea intervenido.

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