El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ana Rodríguez e integrado por Karina Jazmín Cáceres y Juan Fretes, dio inicio al juicio a Carlos Valenzuela y Carol Patricia Turrini, extitular de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Mi Casita, acusados como cómplices de lesión de confianza en la causa por el presunto desvío de recursos de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), actual Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
El caso está relacionado con recursos destinados a 12 proyectos para la construcción de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país. Según la acusación expuesta por el fiscal Silvio Corbeta, la Senavitat desembolsó G. 16.750.242.827 para la ejecución de los proyectos, mientras que el perjuicio atribuido en la causa ronda los G. 12.000 millones.
Antes del inicio del juzgamiento, la defensa de Valenzuela y Turrini solicitó la postergación del juicio, alegando que se encuentran realizando gestiones para concretar un acuerdo de reparación con el MUVH mediante la transferencia de inmuebles.
Los abogados señalaron que desde septiembre del año pasado realizan trámites ante el Ministerio y que los inmuebles ofrecidos ya fueron tasados. Explicaron que actualmente el procedimiento se encuentra pendiente de una resolución definitiva de la Municipalidad de Nueva Italia para completar el loteamiento y posteriormente avanzar con la transferencia al MUVH. La defensa también mencionó la incorporación de otros inmuebles que serían aportados con ayuda de familiares de los acusados.
Sostuvieron que concretar la reparación antes de avanzar con el juzgamiento constituiría una cuestión relevante para la estrategia de defensa, por lo que solicitaron al Tribunal un nuevo plazo para intentar concluir las gestiones.
El fiscal Silvio Corbeta manifestó que el Ministerio Público no se oponía, en principio, a que continuaran las gestiones de reparación, pero advirtió sobre el tiempo transcurrido y recordó que los acusados ya tuvieron anteriormente la posibilidad de reparar el daño.
Según expuso, Valenzuela y Turrini fueron beneficiados durante la etapa anterior con una suspensión condicional del procedimiento, precisamente bajo la condición de reparar el perjuicio. El plazo otorgado fue incluso ampliado para permitir la transferencia de bienes al MUVH, pero finalmente el beneficio fue revocado por incumplimiento de las reglas establecidas. Los antecedentes oficiales de la causa confirman que ambos obtuvieron esta salida procesal y que posteriormente se dispuso la continuación del procedimiento.
Corbeta sostuvo además que durante el proceso se produjeron varias suspensiones de audiencias y que ya existieron oportunidades anteriores para arribar a una salida. Incluso mencionó que durante la audiencia preliminar el Ministerio Público había planteado la posibilidad de un procedimiento abreviado, que no fue aceptado.
El fiscal dejó expresamente sentado que, aunque los acusados concreten ahora un acuerdo con el MUVH, la Fiscalía no consentirá la extinción de la acción penal por reparación del daño. Argumentó que se trata de una acusación por lesión de confianza relacionada con la administración de recursos públicos y no de un hecho de carácter exclusivamente patrimonial entre particulares.
Por ello, señaló que una eventual reparación podría ser considerada por el Ministerio Público al momento de la medición de una eventual pena, pero no como fundamento para poner fin al proceso. También indicó que las gestiones administrativas ante el MUVH y la Municipalidad de Nueva Italia pueden continuar paralelamente al juicio.
Tras deliberar, el Tribunal rechazó el pedido de la defensa. La jueza Ana Rodríguez señaló que los acusados ya habían contado con un plazo para reparar el daño durante la suspensión condicional del procedimiento y, pese a ello, no concretaron íntegramente la reparación. Además, resaltó que por providencia del 22 de septiembre de 2025 fueron notificados de la convocatoria al juicio, por lo que tuvieron aproximadamente 11 meses para realizar las gestiones necesarias, conociendo que el juzgamiento se aproximaba.
El Colegiado consideró que tuvieron un plazo razonable y dispuso iniciar el juicio. No obstante, aclaró que si durante el desarrollo del proceso se concreta la reparación, esta podrá ser valorada en caso de una eventual condena al momento de establecer la pena.
Acusación
Durante sus alegatos iniciales, Corbeta explicó que la acusación identifica a Camilo Aníbal Enrique Recalde Dávalos como el presunto autor principal del hecho, mientras que Valenzuela y Turrini están acusados en carácter de cómplices. Recalde actuaba como responsable de un Servicio de Asistencia Técnica (SAT) habilitado ante la Senavitat.
Según la Fiscalía, presentó ante la institución los proyectos habitacionales destinados a grupos organizados de beneficiarios y asumió la responsabilidad de administrar los fondos destinados a las construcciones. Los antecedentes de la causa señalan que los desembolsos estaban destinados a la construcción de 321 viviendas sociales para beneficiarios de Limpio, Capiatá, Nueva Italia, Luque y Ypané.
De acuerdo con Corbeta, fueron presentados 12 proyectos habitacionales y la Senavitat desembolsó para su ejecución G. 16.750.242.827.
Los recursos fueron entregados mediante 18 cheques, nueve del Banco Nacional de Fomento y nueve del Banco Amambay. La Fiscalía sostiene que 14 cheques emitidos a la orden de Camilo Recalde, por G. 6.750.242.827, fueron posteriormente endosados y depositados en una cuenta corriente de la Cooperativa Mi Casita.
De esos 14 cheques, según la acusación, diez fueron depositados por Carol Turrini y cuatro por Carlos Valenzuela.
Respecto de Carlos Antonio Valenzuela Dávalos, Corbeta sostuvo que, pese a no formar parte del SAT, no tener una relación contractual con Recalde ni ser propietario de las constructoras encargadas de ejecutar los proyectos, habría tenido una activa intervención en las gestiones administrativas.
Según la tesis fiscal, Valenzuela, esposo de Turrini, habría actuado como nexo para diferentes trámites ante la Senavitat, los grupos organizados y las empresas constructoras.
La Fiscalía sostiene que Valenzuela cobró cheques al portador por aproximadamente G. 1.053.550.000 y otros cuatro cheques girados contra la misma cuenta por G. 640.500.000, totalizando retiros por alrededor de G. 1.654 millones.
Corbeta afirmó que durante el juicio buscará demostrar que no existe una justificación para que Valenzuela, quien no tenía una vinculación contractual con los proyectos, haya retirado esas sumas y que tampoco se pudo determinar que ese dinero haya sido destinado a la construcción de las viviendas.
Respecto de Carol Patricia Turrini Ayala, el Ministerio Público sostiene que, como presidenta de la Cooperativa Mi Casita, estaba autorizada a realizar operaciones sobre la cuenta corriente en la que fueron depositados los fondos provenientes de Senavitat.
Entre las operaciones mencionadas por la Fiscalía figura un cheque de G. 420 millones girado por Turrini a nombre de su esposo, Carlos Valenzuela.
Además, Corbeta afirmó que Turrini habría cobrado otros cheques al portador por aproximadamente G. 526,8 millones, con lo que las operaciones atribuidas directamente a ella alcanzan alrededor de G. 946,8 millones.
La tesis del Ministerio Público es que los fondos entregados originalmente a Recalde para una finalidad específica terminaron depositados en la cuenta de la Cooperativa Mi Casita y posteriormente fueron administrados y dispuestos por Turrini y Valenzuela, con entregas de dinero a distintas personas sin una contraprestación o justificación que demostrara su utilización en los proyectos habitacionales.
Corbeta adelantó que la Fiscalía buscará demostrar durante el juicio que esta actuación permitió disponer irregularmente de recursos que debían utilizarse exclusivamente para la construcción de las viviendas sociales.
El Ministerio Público mantiene para Carlos Antonio Valenzuela Dávalos y Carol Patricia Turrini Ayala la calificación de lesión de confianza, prevista en el artículo 192 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31, en carácter de cómplices.
