La reciente desvinculación de la médica forense Angelina Da Silva del Ministerio Público continúa generando controversia. En una entrevista exclusiva a PDS Radio, la juez penal de garantías Alcira De Souza reveló detalles alarmantes sobre las prácticas de la forense, lo que motivó la remisión de los antecedentes a las autoridades competentes.
Según la magistrada, la doctora Da Silva habría incurrido en graves irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en casos de violencia familiar y abuso sexual infantil. Entre las denuncias más preocupantes se encuentra la realización de exámenes ginecológicos a menores en su domicilio particular, una práctica que contraviene los protocolos y estándares de atención a víctimas.
«Encontramos documentación que evidencia que ella ordenó que se le lleve a una adolescente hasta su domicilio para hacerle la inspección, lo cual es totalmente inadecuado. No le llevó a un centro asistencial, no le llevó a un hospital, donde debería ser», denunció la jueza.
Además, la juez señaló que la forense habría omitido consignar lesiones en informes de personas procesadas que llegaban a las audiencias con evidentes signos de violencia. «Se hizo una inspección por el médico forense del Poder Judicial y se constató todas las lesiones que tenía y esa médica consignó que él no presentaba lesiones», afirmó. Otro punto crítico radica en la presunta extralimitación de la forense en sus diagnósticos, incluyendo apreciaciones sobre trastornos mentales o psicológicos, cuando estas evaluaciones corresponden a profesionales especializados como psiquiatras o psicólogos.
La magistrada enfatizó que su intención no era realizar una denuncia pública, sino remitir los antecedentes al superior jerárquico de la forense para que se investigaran las irregularidades. No obstante, ante la divulgación del caso por parte de la propia doctora Da Silva, se vio obligada a aclarar la situación.
Preocupada por las posibles consecuencias de estas irregularidades, la jueza hizo un llamado al Ministerio de Salud para que investigue la labor de la forense en otros ámbitos, ya que, según afirma, estaría atendiendo en un centro de salud. «Me preocupa como ciudadana, porque está atendiendo en el centro de salud. Esto el Ministerio de Salud tiene que tomar cartas en el asunto», expresó.
La juez también denunció haber recibido amenazas tras la remisión de los antecedentes, lo que pone de manifiesto la delicadeza del caso. A pesar de ello, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y el debido proceso, asegurando que no permitirá que se vulneren los derechos de niños, niñas, adolescentes o personas procesadas.
La Fiscalía General aún no ha informado si ha abierto una investigación penal contra Angelina Da Silva. La juez espera que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.
