El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acompañado de su equipo jurídico, presentó formalmente este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta adulteración de carpetas fiscales en las causas donde está siendo procesado. La denuncia, respaldada por documentación que según la defensa evidencia la adulteración de folios y sustracción de pruebas favorables, busca una auditoría exhaustiva de las investigaciones en curso.
Prieto y sus abogados, Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, argumentan que la presentación de esta denuncia documentada busca dejar constancia de lo que consideran una persecución política orquestada a través del Ministerio Público, con investigaciones sesgadas, parciales y plagadas de negligencias. «Pedimos la auditoría de todas las carpetas fiscales, porque en al menos 20 de las 42 causas, ya tenían que haberme declarado inocente pero seguramente por algunas presiones extrapoderes no lo están haciendo. Pero tenemos las pruebas y estamos presentando», declaró el intendente Prieto a la prensa tras presentar la denuncia.
La defensa de Prieto destaca el caso de la supuesta sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos, donde el fiscal Juan Ledesma ya había solicitado la desestimación tras un peritaje favorable al intendente. Sin embargo, la causa permaneció dos años en el Juzgado de Ciudad del Este a cargo de la jueza Teresita Cazal, quien luego derivó el caso a la Unidad Penal N° 8 de Asunción, a cargo del Fiscal Silvio Corbeta, generando controversia por su intervención sin una resolución formal de asignación del FGE. El Fiscal Corbeta, a pesar de una pericia del Ministerio Público favorable al intendente, aún no ha cerrado la causa, generando interrogantes sobre la continuidad del proceso judicial ante la aparente falta de elementos probatorios.
Otro caso controvertido se centra en una acusación por lesión de confianza y administración en provecho propio, relacionada con una supuesta licitación irregular para la adquisición de insumos para panificados distribuidos durante la pandemia. La defensa había recusado previamente a los fiscales a cargo por la presunta adulteración de la carpeta fiscal. No obstante, la Fiscalía General del Estado autorizó a los fiscales recusados a presentar un requerimiento conclusivo en este caso.
La abogada Gilda Portillo, defensora de Prieto, señala que la fiscal Alma Zayas firmó la acusación el 08 de octubre del 2024, a pesar de haber sido nombrada Fiscal Adjunta de Concepción el 02 de octubre, lo que según la defensa la inhabilitaba para realizar dicho requerimiento.
La Fiscalía General del Estado deberá ahora evaluar la denuncia presentada por el intendente Prieto y determinar si procede la auditoría solicitada, en un caso que promete generar un intenso debate en el ámbito judicial y político del país.
