En el marco del juicio oral que enfrenta el exintendente Hilario Adorno, el actual jefe comunal interino de Puerto Casado, Domingo Vera, realizó duras declaraciones respecto al proceso, señalando graves irregularidades tanto en la gestión anterior como en la estrategia de defensa del acusado, imputado por el presunto desvío de fondos públicos.
Durante su intervención ante la prensa, Vera destacó que todos los nueve testigos convocados en juicio declararon en carácter de concejales municipales, lo que les otorga el rango de «testigos calificados», al haber tenido conocimiento directo de los hechos desde el inicio de la investigación. Subrayó además que el último testigo presentado fue clave para reforzar la acusación.
El intendente interino respaldó la posición del Ministerio Público, que imputó a Adorno por lesión de confianza en el manejo de fondos de un proyecto público. No obstante, expresó su disconformidad con el pedido de condena de apenas dos años, considerando que el daño ocasionado amerita una pena más severa. “No tiene sentido que el Ministerio Público diga que es culpable, pero que tranquilamente se vaya a su casa con una pena simbólica”, reclamó.
Según Vera, el perjuicio económico ascendería a al menos Gs. 50 millones, un monto significativo para un municipio con recursos limitados. Además, denunció que la defensa intentó justificar el uso de los fondos con dictámenes administrativos emitidos por funcionarios nombrados directamente por el exintendente, lo cual, a su criterio, carece de validez institucional al tratarse de “cargos de confianza” sin independencia real.
Sobre la supuesta devolución del dinero público, Vera aseguró que no existe constancia alguna de que los fondos hayan sido reintegrados. “La defensa argumenta una conciliación administrativa, pero ¿quién firmó eso? Sus propios asesores jurídicos, nombrados por él”, afirmó.
El intendente también planteó dudas sobre los retirados salarios adelantados que Adorno habría cobrado mediante una resolución propia y afirmó que el exintendente sigue manejando cuentas municipales pese a haber dejado el cargo en febrero, mencionando que entre enero y mayo de este año se realizaron retiros por Gs. 2.843 millones, sin que existan obras visibles en la comunidad.
Finalmente, cuestionó el nivel de recursos utilizados en la defensa del exjefe comunal. “Hoy vimos a cuatro abogados de un reconocido estudio jurídico acompañándolo. ¿Quién paga esos honorarios? Todo apunta a que se están usando fondos municipales para ese fin”, denunció.
El juicio oral entra en su fase final y se espera que en las próximas horas el Tribunal de Sentencia emita su veredicto. Vera concluyó sus declaraciones apelando a la justicia: “Este caso no puede resolverse con una palmada. Lo que ocurrió en Puerto Casado es grave y merecemos una condena ejemplar”.
