En un operativo conjunto desarrollado recientemente en el departamento de Canindeyú, el Ministerio Público, con apoyo técnico del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), intervinieron parcelas agrícolas destinadas presuntamente a la producción ilegal de semillas de maíz híbrido, cuya valoración preliminar asciende a cerca de 300.000 dólares americanos.
Las parcelas intervenidas no se encuentran habilitadas ni registradas oficialmente para la producción legal de semillas, conforme a la normativa vigente, lo que configura una posible infracción a las leyes que regulan la propiedad intelectual, ambiental y la producción de material vegetal en el país.
El abogado Federico Huttemann, representante de los afectados mencionó que el operativo fue realizado por agentes fiscales en coordinación con autoridades del sector agrícola, quienes se trasladaron hasta Canindeyú entre los distritos de Nueva Esperanza y Laurel, donde se constató la existencia de lotes en etapa de cruzamiento para producción de semillas, presuntamente dedicados a la multiplicación de semillas por manipulación genética de híbridos transgénicos correspondientes.
Durante la intervención, se procedió a la recolección de muestras, así como a la inmovilización preventiva de la producción detectada, en tanto se avanzan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de la infracción.
Adicionalmente, se ha recibido información clasificada que permitió identificar a referentes políticos con conocida influencia en la zona de Canindeyú, quienes estarían intentando obstaculizar el proceso de inutilización de las semillas intervenidas, pese a las sospechas de que podrían involucrar manipulación genética no autorizada en el país.
Este operativo cobra especial relevancia en un contexto de creciente preocupación institucional por el debilitamiento de las causas judiciales ambientales. En este sentido, cabe recordar que, durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro Víctor Ríos denunció públicamente la sistemática desnaturalización de procesos judiciales en casos relacionados con delitos ambientales, señalando patrones de actuación fiscal que terminan beneficiando a responsables de graves daños ambientales.
Ríos advirtió sobre maniobras como el cambio de calificación legal sin alterar los hechos probados, lo que habilita beneficios procesales injustificados. En esa misma línea, expresó que “estas prácticas no pueden continuar” y advirtió que serán implacables en el control del trabajo de jueces y fiscales en causas ambientales, ante la preocupación creciente del máximo tribunal por la falta de rigor en la aplicación de la ley. El ministro llamó a una definición firme por parte del Ministerio Público sobre su rol en la protección efectiva del medioambiente y la legalidad.
Ante esta situación, los afectados continuarán trabajando de forma articulada con todos los sectores involucrados para asegurar que las semillas utilizadas y comercializadas en el país cumplan con todos los estándares legales y técnicos establecidos, según mencionó el abogado.
