La ministra Carolina Llanes informó al pleno sobre la existencia de una investigación penal tras la desaparición de evidencias de la bóveda del Ministerio Público en Canindeyú, que afecta a causas manejadas por juzgados de Ejecución y de primera instancia. Se detectó la utilización de resoluciones falsas.
El caso salió a la luz luego de que magistradas del Juzgado de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, el Juzgado de Garantías N° 3 de Salto del Guairá y el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Catueté denunciaron la existencia de estas resoluciones fraudulentas. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público inició una investigación penal para determinar los responsables y esclarecer el alcance de la operación ilegal.
Según las primeras indagaciones, las resoluciones falsas habrían sido utilizadas en múltiples casos para retirar evidencias de manera irregular. El esquema implicaba la falsificación de firmas de magistradas, cuyos nombres y sellos fueron utilizados sin su consentimiento. Aún se desconoce la cantidad exacta de pruebas sustraídas y si estas fueron utilizadas.
Las autoridades judiciales han manifestado su preocupación por el impacto de este fraude en la integridad del sistema de justicia. La Fiscalía trabaja en la identificación de los responsables, así como en la revisión de los protocolos de seguridad en el manejo de evidencias judiciales para evitar nuevos casos de sustracción.
Este escándalo pone en jaque la confianza en el resguardo de pruebas dentro del Ministerio Público y subraya la necesidad de reforzar los controles en el acceso y manejo de documentos judiciales. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre los implicados y el modus operandi de esta red de falsificación.
