Un hecho registrado en la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de la Circunscripción Judicial de Central, con sede en la ciudad de San Lorenzo, generó cuestionamientos luego de que una denunciante afirmara no haber recibido asistencia oportuna en un espacio destinado a la atención de casos urgentes.
La situación involucra a las funcionarias Silvia Sugasti y Jéssica Caballero Cuquejo, abogada y su asistente respectivamente, quienes fueron apartadas de sus cargos tras conocerse los hechos. El caso fue remitido al órgano de superintendencia del Poder Judicial para su análisis y eventual aplicación de sanciones administrativas.
De acuerdo con lo señalado por autoridades judiciales, la Oficina de Atención Permanente cumple un rol clave dentro del sistema de justicia, ya que opera fuera del horario habitual para recibir denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar y facilitar la adopción inmediata de medidas de protección.
La doctora María Teresa González, presidenta de la Circunscripción Judicial de Central, calificó lo ocurrido como “indignante” y remarcó la importancia de brindar una atención adecuada en este tipo de dependencias, atendiendo a la situación de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse las víctimas.
En ese sentido, la magistrada subrayó que el servicio requiere no solo conocimiento técnico, sino también empatía y disposición por parte de los funcionarios, considerando que se trata de casos que demandan intervención inmediata y contención institucional.
El testimonio de la denunciante, quien prefirió mantener su identidad en reserva, señala que permaneció aproximadamente una hora en el lugar sin recibir asistencia. “Estuve una hora parada sin recibir apoyo ni ayuda del Poder Judicial. Espero que esto no le suceda a nadie más”, expresó.
El episodio se produce en un contexto en el que este tipo de oficinas fueron creadas precisamente para garantizar atención continua, incluso en días y horarios inhábiles, ante el elevado número de denuncias de violencia doméstica en el departamento Central. Cabe recordar que estas dependencias forman parte de una política institucional orientada a agilizar la recepción de denuncias y la adopción de medidas cautelares urgentes, en coordinación con juzgados de paz y otras instancias del sistema judicial.
El caso ahora se encuentra bajo revisión administrativa, a fin de determinar si existieron irregularidades en el cumplimiento de funciones y establecer las responsabilidades correspondientes.
