El fiscal Leonardi Guerrero formuló imputación por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos, en la modalidad de uso, en una causa que involucra a profesionales del ámbito jurídico y a funcionarios vinculados al sistema de selección de magistrados.
Según la imputación, entre los procesados en calidad de autores se encuentran la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Irala, al asistente fiscal de Coronel Oviedo Fredy Rolón, el exmagistrado Mario Brítez y una actual juez penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta. Asimismo, fue imputado como cómplice un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, mientras que un funcionario de la Escuela Judicial fue señalado como presunto instigador.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, los imputados en calidad de autores participaron como postulantes en distintos concursos convocados por el Consejo de la Magistratura para integrar ternas destinadas a cargos de jueces, fiscales y defensores públicos.
La investigación sostiene que, con el propósito de incrementar sus puntajes en las evaluaciones y mejorar sus posibilidades de ser incluidos en las ternas, habrían presentado copias adulteradas de diversos documentos académicos. Entre los instrumentos observados figuran actualizaciones de legajos, certificados expedidos por la Escuela Judicial, constancias de cursos de formación continua y certificados de especialización.
Uno de los documentos analizados corresponde a un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal expedido por la Universidad Privada del Este a nombre de otra profesional. Según la hipótesis fiscal, dicho certificado habría sido modificado mediante la sustitución de los datos personales de los postulantes y posteriormente incorporado al sistema informático del Consejo de la Magistratura a través de su plataforma digital.
El Ministerio Público presume que la recepción y carga de los documentos apócrifos en el sistema habrían sido facilitadas por el funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura y por el funcionario de la Escuela Judicial, quienes presuntamente actuaron de manera coordinada para favorecer indebidamente a los concursantes en las ponderaciones realizadas por la institución.
La causa se encuentra en etapa inicial y la imputación constituye una comunicación formal de los hechos investigados, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los involucrados. Corresponderá al proceso judicial determinar, con base en las pruebas que se produzcan, si existió o no participación en los hechos atribuidos.
