La juez penal de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, brindó una conferencia de prensa en el marco del proceso penal que enfrenta por presunto cohecho pasivo agravado, imputación relacionada con las decisiones que adoptó en favor del procesado Walter Galindo Domínguez, uno de los implicados en la causa surgida del operativo Mercat.
Bracho explicó que las resoluciones que beneficiaron a Galindo, entre ellas la revocatoria de la prisión preventiva y la concesión del arresto domiciliario, fueron adoptadas tomando en consideración los informes médicos y el contexto sanitario de la época. Señaló que, durante la pandemia de la Covid-19, los establecimientos penitenciarios operaban con restricciones y que el informe del médico forense advertía condiciones clínicas que justificaban la aplicación de una medida sustitutiva.
En relación con el sobreseimiento definitivo dictado en el mes de diciembre del año 2021, la magistrada recordó que el entonces fiscal del caso, Osmar Segovia, se había allanado a esa salida procesal tras un análisis pericial que concluyó que la sustancia incautada no correspondía a un estupefaciente. En ese sentido, sostuvo que no tenía elementos para apartarse del dictamen fiscal ni del informe técnico.
La juez manifestó que rechaza la hipótesis fiscal que señala que habría recibido USD 50.000 para favorecer al procesado. Indicó que desconoce la forma en que la Fiscalía habría determinado la existencia y el destino de dicho monto y afirmó que no mantuvo vínculos con ninguna de las personas imputadas en la causa. Recordó además que, conforme al sistema procesal penal, corresponde al Ministerio Público demostrar la existencia del hecho punible y la responsabilidad de los imputados.
En este proceso también se encuentran investigadas su actuaria, Ruth Karina Ferrería y la exfiscal jubilada Egidia Gómez, quienes habrían intervenido en actuaciones vinculadas al expediente.
Mientras avanza el procedimiento y se revisan las actuaciones judiciales cuestionadas, la juez Bracho sostiene que todas las resoluciones adoptadas por su persona se ajustaron a la normativa vigente y se dictaron en el marco de los criterios técnicos disponibles en su momento. El caso continúa en etapa de análisis, a la espera de nuevas diligencias y evaluaciones. Recientemente el JEM desaforó a la magistrada, por lo que el juez de garantías Humberto Otazú podrá admitir la imputación contra Bracho.
