El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar un enjuiciamiento de oficio, por presunto mal desempeño en sus funciones, al agente fiscal Abg. Carlos Ramírez, quien intervino en el caso de abuso sexual en niños y feminicidio del cual resultó víctima una menor de edad.
La Dra. Alicia Pucheta resaltó que el agente prestó su conformidad para otorgar la libertad condicional a un hombre condenado por abuso sexual en niños, permitiéndole fijar domicilio en la misma vecindad donde residía la víctima.
Comentó que el fiscal Ramírez emitió el Dictamen Nº 64 el 24 de abril de 2025, donde se allanó favorablemente al incidente de libertad condicional promovido por la defensa del condenado, identificado bajo las iniciales M.G.D. Sin embargo, el fiscal omitió el hecho de que el procesado fijaría residencia en la Compañía de Fulgencio Yegros (Caazapá), donde habitaba la niña afectada.
Argumentó que el obrar del fiscal “se apartó abiertamente del artículo 54 de la Constitución Nacional, el cual establece el interés superior y prevaleciente del menor”, así como de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas vulnerables y del artículo 3 del Código Penal, que obliga a que las medidas judiciales prioricen la protección de la sociedad.
Aseguró que la conducta del representante del Ministerio Público se encuadra en las causales de mal desempeño funcional establecidas en los incisos B y G del artículo 14 de la Ley del JEM.
Pucheta propuso solicitar a la Corte la suspensión del fiscal en el ejercicio de sus funciones, argumentando la extrema gravedad y sensibilidad de la causa, puesto que la menor víctima del abuso sufrió posteriormente “una trágica muerte”, medida que no recibió el acompañamiento necesario, y sólo reunió tres votos (César Garay y Derlis Maidana).
Por su parte, el senador Mario Varela y los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia votaron por no solicitar la suspensión.
En torno al exjuez de ejecución Osmar Baeza, se archivó el caso debido a que el mismo renunció al cargo.
Durante el tratamiento de Asuntos Varios, el ministro César Garay expresó su preocupación por la falta de acompañamiento para el pedido de suspensión, lo que permitirá que este siga interviniendo en la causa, que podría y alertó que la misma se vería “contaminada”.
A su turno, el senador Mario Varela manifestó que el pedido de suspensión resultaría una sanción previa. Subrayó que el agente ya está enjuiciado y que esto determinará su culpabilidad.
Por su parte, el diputado Alejandro Aguilera refirió que la etapa para votar por la suspensión aspecto ya precluyó y enfatizó que como Jurado “no podemos someternos a este tipo de expresiones mediáticas para cambiar el sentido del voto”. compartió la postura de Varela al referir que el enjuiciamiento permitirá medir su responsabilidad en el caso.
