El Jurado inició de oficio el enjuiciamiento de la juez penal de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, sin pedido de suspensión, por una causa en la cual liberó a un supuesto asaltante que luego amenazaba a sus víctimas. La fiscal Alejandra Benítez quedó como acusadora luego del sorteo.
Durante la sesión del JEM, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que el 26 de septiembre del año 2023 se inició una investigación preliminar contra la magistrada, tras detectar posibles irregularidades en su resolución dictada mediante el A.I. Nº 1544 del 20 de septiembre del 2023.
En dicho fallo, la juez Bracho habría concedido medidas sustitutivas a un imputado con antecedentes penales, utilizando una fundamentación considerada “aparente” y contraria a los artículos 125, 245 y 247 del Código Procesal Penal (CPP), que regulan la motivación de los fallos judiciales y la aplicación de medidas cautelares.
Ramírez Candia sostuvo que, tras examinar detenidamente el expediente, existen indicios suficientes de que la conducta de la magistrada podría constituir mal desempeño de funciones, conforme al art. 14 de la Ley que rige los procedimientos ante el JEM. “De la lectura del expediente surgen elementos que podrían conducir a una sanción por mal desempeño. Por ello, corresponde el inicio de este enjuiciamiento de oficio”, afirmó el ministro.
A pesar de los hechos señalados, el Jurado resolvió no suspender a la magistrada en el ejercicio del cargo, al menos en esta etapa del proceso disciplinario. Ramírez Candia justificó su posición señalando que, aunque existen indicios, la suspensión no se justifica en este momento, pero sí amerita abrir formalmente el juicio disciplinario para dilucidar responsabilidades.
Según consta en los antecedentes, el hombre liberado por decisión de la magistrada habría vuelto a amenazar a las mismas víctimas del caso, lo que generó alarma y cuestionamientos sobre los criterios de aplicación de medidas alternativas por parte de algunos magistrados.
