El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con seis (6) votos a favor y uno (1) en contra resolvió dar a apertura a una investigación preliminar en contra de los agentes fiscales Marta Leiva y Erico Ávalos en el marco de la presunta inacción en la que incurrieron los citados en un hecho punible que atenta contra el medio ambiente, respecto al desvió del cauce hídrico del Arroyo Guazú por parte de empresarios arroceros a fin de regar sus plantaciones.
El pedido de abrir una investigación fue mocionado por el ministro Manuel Ramírez Candia, a los efectos de presentar la acusación pertinente, siempre y cuando le hecho causal de enjuiciamiento resulte grave.
Resaltó que en este caso en particular, por la naturaleza del hecho, por las consecuencias que genera, primeramente porque se trata de un delito contra el medio ambiente y en segundo lugar, es porque el hecho derivó en la muerte de un dirigente social de la localidad de Coronel Oviedo.
Y que a su entender es un hecho grave, notorio, atendiendo a qué las consecuencias del desvío del Arroyo Guazú provocó la muerte de una persona y que sin lugar a dudas afecta al interés público porque se trata de un hecho punible contra el ambiente.
Por los argumentos citados por Ramírez Candia, el mismo considera que corresponde iniciar una investigación sobre la actuación funcional no solamente de los dos agentes fiscales (Marta Leiva y Erico Ávalos) sino que también de los otros agentes fiscales que intervinieron en la causa, y por lo tanto “la investigación preliminar debe abarcar el cuaderno de investigación que se abrió en relación al hecho y evaluar la actuación de todos los fiscales que intervinieron en esta causa”, para posteriormente determinar si corresponde o no la acusación en forma oficiosa por parte de los funcionarios designados por el Jurado enjuiciamiento de Magistrados. La propuesta fue acompañada con 6 votos a favor.
Por su parte el senador Fernando Silva Facetti quien votó en disidencia de sus pares, refirió que si bien el hecho tomó conocimiento público, la fiscal Marta Leiva se constituyó al lugar el 25 de enero pasado y procedió al lacrado de las bombas que eran utilizadas supuestamente por los empresarios arroceros, esto a fin de evitar el bombeo de agua hasta el arrozal, agregando que la fiscalía de oficio tomó intervención y que en el marco de la causa abierta, realizó dos allanamientos en dos establecimientos que habrían incurrido en la comisión de supuestos delitos ambientales.
Señaló que dichas empresas allanadas dedicadas al cultivo de arroz, cuentan con licencias ambientales y con auditorias de gestión aprobadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) en setiembre y octubre de 2021.
Por lo que según su criterio no corresponde la apertura de una investigación preliminar, atendiendo a que según las informaciones que el mismo pudo colectar, no se puede decir que hubo inacción par parte de la fiscalía, ya que si se hicieron algunas diligencias.
