El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió declarar la cuestión de puro derecho y llamar autos para sentencia, a tenor de lo q dispone el Art. 29 de la Ley de la institución la causa de Mirtha Ortiz, fiscala de Luque, quien supuestamente se prestó al esquema de apriete del condenado por usura y lavado de dinero, Ramón González Daher.
La mencionada fiscal junto a los agentes fiscales Silvio Alegre, Fátima Villasboa habrían tomado las causas de Luis Asunción Bello, Elena Beatriz Arce, Corina Margarita González, Evelio Ramón Paiva, Jorge Daniel López y Carlos Ariel Cáceres.
La lista sigue con las causas de: Pedro Rubén Benegas y José Fabián Bogado, Víctor Giménez Rodríguez, Ronaldo Ferreira Martins, Eladio Miguel Britos, Carlos Alberto Kiese, Juan Antonio Giovanni Vega, Miguel Ángel González Zelada, Antonella Paciello Lacasa, Santiago Antonio Segovia Cáceres, Osvaldo Eduardo Lugo y Carlos Jorge Segovia Cáceres. Todos por estafa.
El 9 de agosto pasado, el JEM ya había resuelto iniciar el enjuiciamiento oficioso a los mencionados fiscales.
Con relación a los agentes Silvio Alegre y Fátima Villasboa, el JEM resolvió abrir la causa a prueba porque los mismos ofrecieron pruebas, las cuales deben ser diligenciadas.
La investigación proviene del juicio oral en el que fueron condenados Ramón González Daher a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, por parte el hijo Fernando González Karjallo a 5 años por lavado de dinero, que evidenció 156 carpetas fiscales, que varios agentes del Ministerio Público se habrían prestado al esquema de apriete de Ramón González Daher a sus víctimas mediante denuncia falsa.
En un primer momento, saltaron los nombres de los ex fiscales Cynthia Espínola, Néstor Cañete tenían 22 y 18 causas respectivamente. El fiscal Augusto Ledesma (16), María Luján Estigarribia (11), Mirtha Ortíz (11), Natalia Fuster (11), Juan Carlos Ruiz Díaz (11), Francisca Gómez (6), Francisco Torres (6), Sandra Ledesma (6), Eduardo Arriola (9).
El Tribunal de Sentencia presidido por Claudia Criscioni ordenó además que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para una investigación penal.
